A cuatro años del plazo establecido por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ONU Mujeres llamó a acelerar medidas concretas para que la igualdad ante la ley sea tangible.

En el contexto del Día Internacional de las Mujeres, con el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, el organismo de Naciones Unidas destacó que aunque 90 por ciento de los estados han fortalecido su legislación para enfrentar la violencia contra las féminas, persisten brechas en su aplicación efectiva.

En América Latina y el Caribe, 20 países han tipificado el feminicidio como delito y en México esta figura está reconocida en todas las entidades.

Sin embargo, ONU Mujeres advirtió que en 54 por ciento de los países en el mundo la violación aún no se define con base en el consentimiento.

Asimismo, en 44 por ciento no existe obligación legal de garantizar igualdad salarial por el mismo trabajo y, en promedio, las mujeres y niñas cuentan con sólo 67 por ciento de los derechos legales que tienen los hombres. A ese ritmo, cerrar esa brecha podría tomar casi tres siglos, advirtió el organismo.

En el caso de México resaltó la elección de la primera presidenta, Claudia Sheinbaum, lo que “marca un antes y un después en la defensa y la garantía de los derechos humanos de las mujeres en el país.”

Lo anterior se suma a una transformación política, ya que México ha alcanzado la paridad de género en los poderes legislativos federal y local. Hoy, 13 estados son gobernados por mujeres, casi el doble que en 2018. Estos avances han venido acompañados de importantes reformas legales e institucionales, entre las que destacan la tipificación de distintas modalidades de violencia, como la digital y la política por razón de género.

Además, hay reconocimiento constitucional de la igualdad sustantiva, salarial y el derecho a una vida libre de violencia.

Pese a los avances normativos y de política pública, el organismo sostuvo que “persisten retos importantes para alcanzar la igualdad sustantiva”. En México, sólo 13.1 por ciento de las mujeres que experimentaron violencia física o sexual por parte de su pareja presentó una denuncia ante una autoridad, ya que persiste el miedo, el riesgo de estigmatización, revictimización y desconfianza institucional.

Superar esas barreras, subrayó, requiere que las instituciones de procuración e impartición de justicia actúen de manera articulada, con procesos oportunos, accesibles para las mujeres en toda su diversidad y alineados con los estándares de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad.