a cuenca hidráulica Lerma-Chapala Santiago es una de las más importantes del país. Atraviesa por 125 municipios de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit, y termina en el océano Pacífico. La alimentan los ríos Verde, Juchipila, Huaynamota, Bolaños y Zula, entre otros. Pero hay algo que la distingue: su alta contaminación, ocasionada por las cerca de 300 industrias que existen en las regiones por donde corre (Aventis, Bayer, Nestlé, IBM, Dupont, Xerox, United Plastics, Celanese) así como por las actividades agropecuarias (granjas porcícolas y avícolas) y los asentamientos humanos. En algunos tramos la contaminación es tan elevada que es un grave problema de salud pública por la cantidad de metales pesados (arsénico, plomo, mercurio), materia orgánica fecal, agroquímicos y otros contaminantes.
Regresarle su calidad ambiental es promesa de los pasados siete sexenios gubernamentales. En el siglo anterior, la anunciaron los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. En el actual, los de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y el de Andres Manuel López Obrador. También el actual. Si nos referimos a las promesas de este siglo, al inicio de su mandato en 2000, Vicente Fox ni siquiera logró detener la degradación del lago de Chapala. En cambio, él y su familia poseen múltiples concesiones de agua en Guanajuato.
Su sucesor, Felipe Calderón (2006-2012) declaró prioritario el saneamiento de dicha cuenca. Lo destacó en su “Acuerdo por el agua”, que abarcaría hasta 2030 y como parte de un plan nacional de desarrollo para mejorar la gestión hídrica y reducir la contaminación. Pero las tareas emprendidas fueron insuficientes. Su sucesor, Enrique Peña (2012-2018), reconoció que la cuenca Lerma-Chapala-Santiago estaba altamente contaminada y por ello anunció acciones para sanearla. No bastaron para resolver el problema.
Durante su gira electoral por Jalisco en 2017, el entonces candidato a la presidencia López Obrador prometió en Poncitlán, localidad con un alto número de pobladores con insuficiencia renal, que de llegar al poder trabajaría prioritariamente en sanear el Lerma-Chapala-Santiago. “Se requiere, dijo, poner orden, descontaminar, evitar que sigan descargando más empresas a los ríos, que no se afecten los mantos acuíferos y que haya orden”. Agregó que “ahora es mucha la corrupción, entonces, los permisos para las descargas de aguas residuales se otorgan por mordidas y están coludidos de un sistema o de otro”.
Y ya presidente, prometió cumplir su promesa. Además, en una visita a Guadalajara se reunió con Enrique Alfaro, recién electo gobernador de Jalisco. Anunciaron que solucionarían lo más urgente: sanear el río Santiago, en cuya cuenca hay municipios con graves problemas de salud, con cientos de afectados con enfermedades muy graves. Tal es caso de El Salto, Poncitlán y Juanacatlán. Para ello, se construirían plantas de tratamiento, un modelo de supervisión de descargas. A la par, atenderían también la cuenca en la parte del Lerma-Chapala.
Pero en febrero de 2020 se supo que el sector público ocultó 10 años un estudio donde se confirmó que los habitantes de El Salto y Juanacatlán padecían severos daños a su salud por la contaminación del citado río. También ignoraron otras investigaciones y recomendaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En abril del año siguiente, el Senado urgió a poner remedio a la elevada contaminación de la cuenca, especialmente en el tramo correspondiente a Jalisco. Luego, en 2023, los grupos ambientalistas insistieron en que el problema de salud seguía vigente en el Santiago. Y así terminó el sexenio de AMLO.
La actual administración federal anunció el saneamiento de las cuencas del Atoyac, el Tula y la del Lerma-Chapala-Santiago. Para ésta última se invertirán este año mil 350 millones de pesos en beneficio de 23 millones de personas. Algunas de las acciones emprendidas desde el año pasado son positivas. Como informó La Jornada el 11 de febrero pasado, los grupos ambientalistas de Jalisco reconocen los avances obtenidos en varios frentes. Pero advierten que falta lo fundamental: evitar que las industrias y el sector agropecuario sigan contaminando con sus desechos tóxicos y peligrosos, como lo hacen todavía. Y para ello, nada mejor que aplicar la legislación vigente, sin ninguna tolerancia.
