n la última década, la violencia digital se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para neutralizar la defensa de los derechos humanos. Lo que en apariencia comienza como ataques aislados en redes sociales, suele convertirse en campañas sistemáticas de difamación, desinformación y hostigamiento dirigidas a desacreditar a quienes representamos a víctimas de violencia de género y a comunidades históricamente excluidas.

Esta forma de agresión no es espontánea ni marginal. Se trata de un mecanismo contemporáneo de control que opera a través de plataformas digitales para construir narrativas destinadas a destruir reputaciones, intimidar y aislar a defensoras y defensores de derechos humanos. En particular, las mujeres abogadas que litigamos casos de violencia contra mujeres y niñas enfrentamos una violencia específica: campañas misóginas que buscan deslegitimar nuestra voz profesional y quebrar la confianza pública en nuestra labor.

El efecto que se produce no es únicamente personal. La violencia digital genera un profundo efecto inhibidor en la abogacía. Cuando una defensora es atacada de manera sistemática, lo que realmente se intenta es anular la representación legal de las víctimas y desalentar a otras personas a asumir casos que desafían intereses de poder. Así, el hostigamiento digital se convierte en una forma indirecta de impedir el acceso a la justicia.

Mi experiencia profesional en México ilustra con claridad este fenómeno. Durante años he representado a mujeres y niñas víctimas de violencia, así como a comunidades vulnerables que históricamente han enfrentado enormes barreras para acceder a la justicia. Sin embargo, esa labor también me colocó en el centro de campañas coordinadas de difamación digital que durante más de un año buscaron desacreditar mi trabajo y destruir mi credibilidad profesional.

Estas agresiones no se limitaron al ámbito virtual. Las narrativas construidas en redes sociales derivaron en amenazas directas y en un clima de hostilidad constante que terminó afectando tanto mi seguridad personal como la continuidad de mi trabajo. Finalmente, me vi obligada a suspender mi práctica en México y continuar mi labor desde Madrid. Mi salida del país no fue una decisión profesional voluntaria, sino la consecuencia directa de una violencia sistemática que convirtió el ejercicio de la defensa en un riesgo permanente.

Este fenómeno revela una realidad preocupante: la violencia digital se ha convertido en una forma de violencia institucional indirecta. A través de la desinformación y el hostigamiento coordinado se logra aquello que en otros contextos requeriría mecanismos más visibles de represión: silenciar voces incómodas y debilitar la defensa de los derechos humanos.

Las consecuencias trascienden a la persona atacada. Cuando una defensora es desplazada o silenciada, también se debilita la posibilidad de que las víctimas encuentren representación legal efectiva. El mensaje que se envía es claro: quien desafíe estructuras de poder puede ser destruido públicamente sin que existan mecanismos suficientes de protección.

Frente a este escenario, los estados tienen la responsabilidad de reconocer que la independencia de la abogacía y la libertad de defensa son pilares esenciales de cualquier sistema democrático. Proteger a quienes ejercen la defensa de derechos humanos no es una concesión: es una condición indispensable para garantizar el acceso a la justicia.

Si la violencia digital continúa siendo tolerada como una forma de hostigamiento sin consecuencias, el resultado será la erosión silenciosa del estado de derecho. Defender a quienes defienden no es solo un deber institucional: es una garantía mínima para que la justicia siga siendo posible.