Luego de que a mediados de esta semana la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad acciones contra el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes “con atajos legales que, aunque incrementan años de cárcel, terminan siendo ineficaces”, Juan Martín Pérez, coordinador ejecutivo de Tejiendo Redes Infancias América Latina y el Caribe, sostuvo que el Senado tiene la oportunidad y la responsabilidad de frenar este retroceso.

Añadió que “México no puede combatir el ampliamente documentado y grave crimen del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes” con el dictamen avalado.

“La reforma votada, de manera sorprendente sin el mínimo cuestionamiento en la Cámara de Diputados, que agrega un agravante al viejo delito de corrupción de menores, un tipo penal pensado en la época de 1966, evade el problema central: el reclutamiento y la coacción ejercida por estructuras criminales sobre la niñez y la adolescencia.”

Apuntó que la decisión legislativa dice sostenerse en “razones técnicas” para no crear un delito autónomo; sin embargo, está violando el principio por persona y el interés superior de la niñez, para sacrificar a las víctimas al negarles el estándar más alto de protección que el Estado debe garantizar, cuando están en juego la vida, la seguridad y el desarrollo de la niñez.

Este enfoque prioriza la comodidad interpretativa del sistema, que se resuelve con capacitación, protocolos y análisis de sentencias, antes que el interés superior de la niñez y la protección integral de quienes hoy son el objetivo más vulnerable del crimen organizado.

En riesgo, más de 250 mil niñas, niños y adolescentes

De acuerdo con estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, en México, entre 145 mil y más de 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.

Lo más delicado es que el dictamen “desvía el foco de las víctimas infantiles. Al “encajar el reclutamiento en un molde de corrupción de menores, se refuerza una narrativa que sugiere desviación en la infancia reclutada, en lugar de reconocerla como lo que es: víctima de explotación, coacción y violencia armada, frecuentemente en contextos donde el Estado llega tarde o no llega.”

Subrayó que cuando la ley no reconoce con claridad a la víctima, el sistema de justicia tiende a repetir el error más costoso: adolescentes terminan procesados como delincuentes, no atendidos como personas a quienes se les debe proteger y restituir derechos.

Además, “datos oficiales muestran una verdad incómoda: vivimos un contexto de impunidad estructural y redes criminales que capturan instituciones, así que una reforma penal aislada, montada sobre un tipo penal que lleva dos décadas sin servir para enfrentar el reclutamiento, corre el riesgo de volverse letra muerta.”