Lima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Perú por la esterilización forzada que causó la muerte a una campesina durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), política que afectó a más de 300 mil mujeres y 24 mil varones bajo engaños y presión. Las hijas de la víctima pidieron al gobierno peruano que cumpla con la sentencia emitida ayer.

Marisela Monzón, de 39 años y la mayor de tres hermanas, tenía apenas 10 cuando en 1997 su madre, Celia Ramos, acudió a un modesto puesto de salud en los Andes en busca de atención dental. La Corte determinó que Ramos, entonces de 34 años, fue presionada y desinformada por funcionarios de salud que le ligaron las trompas de Falopio sin los equipos necesarios para emergencias, por lo que murió tras agonizar durante 19 días.

“Estamos aquí representando a cada una de esas mujeres, miles, que sufrieron mucho hace tantos años”, dijo Monzón. “El hecho de que tuviéramos que buscar (justicia en) instancias internacionales evidencia la poca ayuda que se ha tenido en nuestro propio país”, añadió.

Su hermana Marcia, de 34 años, comentó que no le quedaban recuerdos de su madre. “Es algo que desde niña se me quitó, algo muy injusto, que ninguna persona, ningún niño, debe pasar”, dijo.

Las hermanas estuvieron acompañadas por Isabel Cedano, de la organización feminista Demus, y por Catalina Martínez del Centro de Derechos Reproductivos, encargadas de la defensa legal. La conferencia se realizó en una sala cuyas paredes estaban cubiertas con telas de color rojo y blanco que tenían escritos con tinta negra más de 2 mil nombres y apellidos de mujeres peruanas esterilizadas sin consentimiento. También colgaban pañuelos rojos con trompas de Falopio impresas de color blanco y la frase “Por Celia, por todas”.

En 2021 las indagaciones de la fiscalía señalaron que el gobierno de Fujimori, ya fallecido, buscó esterilizar a las mujeres más pobres. Por ello se realizaron entre 1996 y 2000 “festivales de salud” en aldeas remotas que incluían fuegos artificiales, bandas musicales para atraer a mujeres y luego, mediante engaños y coerción, esterilizarlas. El fiscal Pablo Espinoza, que investigaba el caso esos años, relató frente a un juez diversos episodios de mujeres de áreas rurales que se desmayaban en los caminos mientras intentaban regresar a sus hogares.

La fiscalía indicó que incluso se premiaba con viajes a los empleados sanitarios con mayor número de esterilizaciones, pero también los amenazaban con despedirlos si no lograban los objetivos.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el plan de gobierno de Fujimori se llevaron a cabo “más de 314 mil esterilizaciones de mujeres y 24 mil de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido”.