El anteproyecto de modificación de la norma oficial mexicana (NOM) 032 sobre seguridad para minas subterráneas de carbón fue aprobado e incorpora estándares más estrictos para fortalecer la protección y la prevención en uno de los sectores de mayor riesgo laboral, lo que beneficiará a 4 mil 500 obreros, señaló la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Agregó que la propuesta normativa incorpora disposiciones para fortalecer la seguridad, entre ellas el establecimiento de alturas en galerías no menores a 1.8 metros y distancias horizontales de al menos 2.5 metros.

También considera la regulación de distancias entre lumbreras y requisitos técnicos para ventilación forzada que garanticen niveles adecuados de oxígeno respirable, así como parámetros técnicos sobre inclinaciones máximas de rampas, tiros verticales y condiciones de fortificación.

Asimismo, plantea la obligación de contar con sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo específicos para minería subterránea, con personal certificado, la aplicación de refugios de salvamento con autonomía mínima para emergencias y la notificación obligatoria del inicio y término de operaciones ante la STPS.

De manera relevante, el anteproyecto redefine su ámbito de aplicación al eliminar el concepto “operación a menor escala” considerado en la norma anterior, “cerrando espacios de excepción normativa”, destacó la dependencia.

El anteproyecto de la NOM-032-STPS –que data de 2008– fue aprobado durante la primera sesión extraordinaria de 2026 del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano tripartito responsable de la elaboración y actualización de las NOM en la materia.

Ahora seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Infraestructura de la Calidad, que incluye su publicación para consulta pública durante 60 días naturales para, posteriormente, convertirse en la NOM-032-STPS-2026.

La dependencia señaló que la actualización de la norma busca transitar “de un modelo reactivo a uno preventivo” y permitirá incrementar las condiciones de seguridad estructural y operativa en las minas subterráneas de carbón, que han sufrido derrumbes, como en El Pinabete, en 2022, que cobró la vida de 10 trabajadores, o en Pasta de Conchos, donde murieron 63 mineros hace 20 años.