l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la destitución de Kristi Noem como titular de la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS) y su remplazo por el senador, ex diputado y ex luchador de artes marciales mixtas Markwayne Mullin. Aunque el mandatario cumplió con la convención de alabar el trabajo de la funcionaria cesada y anticipó su nombramiento como “enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental”, es evidente que la salida de Noem forma parte del control de daños tras el desastre humanitario y de relaciones públicas creado por los salvajes operativos antimigrantes de la DHS en Minesota y otros estados.
Debe recordarse que el respaldo a la política migratoria de Trump cayó a mínimos tras los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti a manos de elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, ambos pertenecientes a la DHS. Las imágenes del brutal ataque contra Pretti forzaron la salida del comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino y, en los hechos, el final de las redadas del ICE en Mineápolis. El repudio es tan grande que, por primera vez, la mitad de los votantes a nivel nacional se manifiesta a favor de abolir el ICE, la agencia convertida en una fuerza paramilitar con poderes y presupuesto virtualmente ilimitados. Hace apenas dos semanas presentó su renuncia la subsecretaria de Asuntos Públicos de la DHS, Tricia McLaughlin, y la caída de Noem deja claro que el trumpismo no ha logrado contener el costo político de sus excesos.
Además de marcar la primera caída de un secretario del gabinete durante el segundo mandato de Trump, la salida de Noem tiene un gran peso simbólico, puesto que su cargo y sus propias ansias de protagonismo hicieron de ella el rostro más visible del proyecto trumpista para instaurar un Estado policial mediante una destrucción sistemática de las libertades.
En sus 13 meses al frente de la seguridad interior, Noem impulsó los secuestros basados en perfilamiento racial, ordenó el envío de cientos de venezolanos al campo de concentración de Nayib Bukele en El Salvador, obstaculizó las inspecciones de seguridad y derechos humanos en los centros de detención de migrantes, utilizó el aparato estatal para perseguir a críticos políticos y manifestantes bajo el pretexto de seguridad nacional, creó listas de vigilancia e implementó herramientas biométricas para catalogar a manifestantes, fotógrafos y disidentes como “enemigos del Estado”, e instituyó el uso de polígrafos obligatorios para empleados del departamento, con el fin de identificar a quienes hablaran con periodistas.
Lamentablemente, hay pocas perspectivas de que estas medidas de terror de Estado cambien con la llegada de Mullin a la DHS, pero la sentencia del juez federal de distrito Brian E. Murphy, que declara ilegales y ordena anular las deportaciones de inmigrantes a terceros países con los que no tienen vínculos; el fallo de la Corte Suprema que puso fin a los aranceles mal llamados “recíprocos”; la orden del juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio Internacional, que instruye a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que devuelva todos los gravámenes cobrados de manera indebida, así como la demanda de 24 gobiernos estatales demócratas para que la Casa Blanca se abstenga de imponer nuevos aranceles, son muestras de los límites con que comienza a toparse el trumpismo y de la voluntad de acotar sus arbitrariedades.
El presidente todavía dispone de amplios márgenes de maniobra y de la lealtad –o complicidad, dado que lo acompañan en acciones de dudosa legalidad– de una amplia mayoría de sus correligionarios en las ramas legislativa y judicial, pero haría bien en tomar los reveses sufridos como avisos del hartazgo creciente hacia su estilo despótico y su desprecio por las formas institucionales.
