Santiago. El Senado chileno aprobó “en general” un proyecto impulsado por legisladores derechistas que, de convertirse finalmente en ley, permitiría que delincuentes comunes condenados por delitos de lesa humanidad o por violaciones sexuales, cumplan la condena recluidos fuera de la cárcel, por ejemplo, en casas particulares.

Por 23 votos a favor –entre ellos el del conservador Javier Macaya, cuyo padre de 73 años purga pena por cuatro abusos sexuales a menores– y 22 en contra, el proyecto regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas a encarcelados de más de 75 años de edad.

El asunto debe aún discutirse en particular y luego pasar a la Cámara de Diputados.

En los hechos, según datos del Ministerio de Justicia, una legislación así favorecería que más de 300 condenados por crímenes de derechos humanos, entre militares y civiles al servicio de la dictadura de Augusto Pinochet, y muchos otros por homicidio, feminicidio, parricidio y violaciones de niños, niñas y adolescentes.

“La verdad es que las víctimas no pueden comprender que el Senado haya aprobado este proyecto. Permitirá no sólo la salida de 300 criminales de lesa humanidad, sino que mayores de 70 años que cometieron delitos graves como violación o asesinos seriales puedan cambiar su pena a un arresto domiciliario. No tiene ningún sentido”, afirmó su titular Jaime Gajardo.

“No sólo es contrario a lo aprobado en materia de derechos humanos, sino que es técnicamente muy deficiente. Hay un universo posible de 12 mil beneficiarios”, agregó.

“El proyecto no hay que enmendarlo, hay que rechazarlo”, afirmó, porque los parientes de las víctimas de los crímenes de la dictadura “son personas que todavía no conocen el paradero de sus familiares” y porque los responsables de esos delitos “nunca tuvieron la decencia de confesar”.

Que los condenados de lesa humanidad encerrados en el penal de Punta Peuco, en las cercanías de esta capital, puedan cambiar cárcel por casa, es una aspiración fallida muchas veces intentada por parlamentarios derechistas, so pretexto de que están en una situación de deterioro de salud terminal.

Las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos reaccionaron consternadas, mientras parlamentarios de centroizquierda anunciaron que trabajarán con aquéllas para presentar indicaciones que modifiquen la iniciativa.

“Este proyecto no puede pasar del Senado porque atenta contra lo que Chile ha avanzado en protección de los derechos humanos”, dijeron.

La discusión “en particular” quedó establecida a más tardar el lunes 16 de marzo.

Lo ajustado de la votación, el conflicto de interés de Macaya y la sensibilidad del tema, anticipan un áspero debate jurídico, de memoria histórica y cuestionamientos éticos, justo cuando el ultraderechista y pinochetista José Antonio Kast apenas haya asumido el 11 de marzo la presidencia de Chile.