l conocer que las Cortes de Cádiz habían abolido a la Inquisición en 1812, Fernández de Lizardi público, sin firmar con su nombre, en El Pensador Mexicano, un escrito que vio la luz el 30 de septiembre de 1813, titulado “Sobre la Inquisición”. Llamó fariseos a quienes lamentaban el cese del Santo Oficio, ya que el organismo represor era “un tribunal odioso en sus principios, criminal en sus procedimientos y aborrecible en sus fines […] Un tribunal que siempre fue injusto, ilegal, inútil en la Iglesia y pernicioso en las sociedades”.

De manera oficial, la Inquisición cesó actividades en México, según Lucas Alamán, el 31 de mayo de 1820, en tanto Luis González Obregón, en México Viejo, época Colonial. Noticias históricas tradiciones, leyendas y costumbres, consigna que fue el 10 de junio del año mencionado cuando un piquete de tropa, con el capitán Pedro Llop al frente, se presentó en el edificio inquisitorial para desalojarlo y proceder a su clausura. Entonces fueron liberados 39 presos, uno de los cuales era “un anciano, desnudo, puros huesos, tenía los pies y las manos entre argollas fijas en una cruz de madera. ¡Contaba 30 años de prisión!”

Para cuando Fernández de Lizardi escribió anónimamente su beneplácito por el fin de la Inquisición en España, su similar novohispana ya no tenía el poder que detentó desde el siglo XVI. De todos modos, él padeció acusaciones graves y amagos por parte de clérigos que deseaban recluirlo a fin de evitar que continuara con sus críticas.

El enjundioso Lizardi encontraba inexplicable que hubiese quienes defendían la permanencia del Santo Oficio en España y, por consecuencia, su continuación en México. Para él, tal postura dejaba ver que la brutalidad inquisitorial había logrado ser percibida como natural, y hasta deseable, con el fin de salvar a la sociedad de males peores que los métodos para extirparlos. Consideraba que naturalizar los excesos de la Inquisición era resultado de un régimen que había reprimido la libertad de diseminar ideas distintas a las oficiales y aprobadas por el catolicismo.

Señaló Fernández de Lizardi que la secrecía con la que actuaba la Inquisición y las excomuniones “eran los escudos que protegían las iniquidades e injusticias de este lúgubre y enlutado tribunal”. Su argumento central para descalificar al Santo Oficio descansaba en que el “tribunal es, no solamente perjudicial a la prosperidad del Estado, sino contrario al espíritu del Evangelio que intenta defender”. Ahonda en la contradicción en que incurría la Inquisición al justificar sus acciones como necesarias para proteger la fe y prevenir la proliferación de herejías. Por lo cual, preguntaba: “¿es conforme este tirano proceder [inquisitorial] con el establecido por Jesucristo, cuya ley es santa, suave e inmaculada? ¿Podrá este tribunal ser instituido por el Dios de las misericordias? ¿Habrá quien se espante de su demolición y quien apetezca su nuevo establecimiento? Creeré que es menester estar privado de razón para producirse de esa suerte”.

El escrito de Lizardi alarmó a las instancias eclesiales, las que echaron a andar mecanismos para identificar al autor del ataque a la institución encargada de proteger la pureza doctrinal. El 9 de febrero de 1815, el presbítero del arzobispado de México, José Joaquín Gavito, presentó una denuncia al inquisidor Manuel de Flores. En ella señalaba que lo publicado por El Pensador Mexicano eran “detracciones malignas contra el recto y libre proceder del Santo Oficio”. La denuncia fue turnada para su examen a dos peritos franciscanos, a quienes se les adjuntó el escrito de Fernández de Lizardi, con la encomienda de censurarlo teológicamente, puesto que “este papel, o mejor diremos, este folleto criminal y execrable es un tejido monstruoso de calumnias e imposturas con las que intentó su autor no desengañar (como dice él mismo), sino engañar con la mayor imprudencia a un público cristiano y en mucha parte religioso”.

El documento dirigido a los examinadores les instruía claramente para que su toma de postura fuese contundente frente a “este abominable papel, por cuanto todo él es un conjunto de falsedades, imposturas, comparaciones inicuas, antievangélicas, escandalosas, seductoras, piarum aurium [de oídos castos], ofensivas, injuriosas a la santidad de los soberanos pontífices, y a la piedad de nuestros católicos monarcas”.

La autoridad inquisitorial ahondaba en su evaluación de “tan execrable libelo” y consideraba que “todo él se debe prohibir porque su lectura prepara incalculables estragos a la piedad cristiana, como lo demuestra aquella descarada animosidad con que ridiculiza y se mofa del Santo Tribunal y sus ministros”.

El enfrentamiento de José Joaquín Fernández de Lizardi con el poder eclesiástico y político de la jerarquía católica romana en México continuaría durante los años posteriores. Él visualizaba que, a pesar de la disparidad de fuerzas, lo importante era dejar constancia de los abusos perpetrados por una institución que decía actuar en nombre de Jesús. En 1824, tres años antes de su deceso, advirtió: “yo moriré a manos de un devoto, pero mis escritos vivirán; y con cada uno de ellos, le arrancaré víctimas al fanatismo cruel, y estoy seguro que haré un servicio al Ser Supremo y a la humanidad en general”.