Mientras la administración encabezada por el presidente Donald Trump pone en duda la eficacia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en un documento publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que enumera diversas medidas consideradas barreras –entre ellas preferencias para beneficiar a empresas energéticas nacionales–, 69 asociaciones estadunidenses de distintos sectores productivos hicieron público su apoyo a la extensión del acuerdo comercial.

En una carta dirigida al representante comercial, Jamieson Greer, las organizaciones afirmaron que el T-MEC es “crítico para la competitividad y el éxito exportador de Estados Unidos” y expresaron su “firme apoyo a la extensión” del acuerdo por 16 años. Subrayaron que México y Canadá son los principales mercados de exportación y fuentes de insumos estratégicos para la economía estadunidense, por lo que cualquier modificación sustantiva podría redefinir la competitividad del país tanto en el mercado interno como en el exterior.

Las asociaciones –entre ellas manufactureras, agrícolas, tecnológicas y del sector energético– advirtieron que cambios a las reglas de origen o la imposición de más aranceles podrían interrumpir cadenas de suministro durante años, elevar costos para las empresas que han invertido en América del Norte y trasladar presiones a los consumidores.

Por ello, solicitaron una participación “estructurada, sustantiva y continua” durante el proceso de revisión, así como mantener el trato libre de aranceles para bienes que cumplen con el acuerdo.

La postura empresarial contrasta con la narrativa contenida en la Agenda de Política Comercial 2026 y el Informe Anual 2025 de la USTR, que sostiene que, pese a haber sustituido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el T-MEC requiere ajustes para corregir desequilibrios.

El documento afirma que Estados Unidos mantiene “grandes déficits comerciales” con México y Canadá, los cuales –según el gobierno estadunidense– se han incrementado desde la entrada en vigor del tratado.

Entre los señalamientos que atañen a México, la USTR menciona medidas preferenciales en los sectores de energía y minería, particularmente en petróleo, gas y electricidad, que benefician a empresas estatales como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, en detrimento de inversionistas estadunidenses.

También cuestiona el clima general de inversión y sostiene que las leyes laborales y su aplicación “continúan socavando” a trabajadores de Estados Unidos.

En materia de barreras comerciales, Washington menciona los derechos antidumping impuestos por México al jarabe de alta fructosa de maíz y al arroz; restricciones a importaciones de cerdo, diversas medidas en telecomunicaciones, un impuesto considerado discriminatorio a refrescos, así como gravámenes adicionales a otros productos.

El informe añade que el acuerdo deberá fortalecerse para enfrentar el aumento de inversiones provenientes de economías no sujetas a reglas de mercado, reforzar normas de origen en sectores estratégicos e incluir mecanismos contra el transbordo y la deslocalización.

En 2026 se realizará la revisión conjunta del tratado, mecanismo que permitirá evaluar su funcionamiento y determinar su posible renovación. La USTR advierte que recomendará la extensión “sólo si se logra” resolver los problemas identificados.