A casi dos semanas del intento de desalojo del campamento irregular de migrantes en la colonia Vallejo, por parte de personal de la Coordinación de Movilidad Humana del gobierno capitalino, esta población no ha recibido mayor información oficial sobre las opciones que tienen para ser reubicados y acciones para garantizarles mejores condiciones de vida.

En el lugar, los más de 200 extranjeros tratan de llevar su vida habitual, pese al “ultimátum” de reubicación, con la incertidumbre y temor de que “lleguen en cualquier momento y nos quieran echar”.

Aunque la mayoría se resiste a dejar sus ranchitos construidos con retazos de madera y las pocas pertenencias que tienen, los migrantes –muchos de ellos venezolanos– valoran las posibilidades que tienen para reubicarse. Sin embargo, reconocieron que no son viables, debido a que sus hijos estudian en escuelas cercanas y no cuentan con dinero suficiente para pagar una renta, las cuales llegan a costar el doble o hasta triple de lo habitual por su condición migratoria.

Otra de las complicaciones es que no tienen documentos, y por tanto, un empleo formal; por eso varios de ellos trabajan en obras de construcción o de repartidores de aplicación, donde ganan menos de 2 mil pesos a la semana, sin seguridad social y sin un contrato. Para ellos, dijeron, tampoco son opción los albergues Vasco de Quiroga, en Tepito, y Bocanegra (hotel Marina), en Peralvillo, ya que los horarios de entrada y salida, así como para la comida, son un obstáculo para su trabajo. Incluso, de esos lugares han regresado al campamento ubicado a un costado de las vías, en la Gustavo A. Madero, el único que sobrevive tras el desmantelamiento de los otros dos más grandes: Central del Norte y Plaza La Soledad.

El de Marisa –nombre ficticio para proteger su identidad– es uno de estos casos. Indicó que desde hace tres meses regresó con su familia del albergue de Vasco de Quiroga, donde “había mucha gente, que se peleaba seguido”. Pero la principal razón de su salida fue porque a su madre, quien trabaja hasta las 8 de la noche en un puesto de licuados, en más de una ocasión le prohibieron entrar por rebasar el límite de la hora de ingreso, a las 7 de la noche, comentó.

La experiencia de Julia (venezolana) en uno de los albergues no le gustó porque no había privacidad para el aseo personal. Además, a pesar de ofrecer tres comidas por día, si no llegaba a la hora establecida no recibía alimento. Por este motivo, prefiere estar en el campamento, donde lleva más de año y medio habitando.

Lorena, quien vive allí con su hijo y esposo desde hace más de un año, señaló que es complicado recibir el apoyo económico de 4 mil pesos para rentar que ofreció la Coordinación de Movilidad, ya que les piden la CURP, comprobante de domicilio, copia del acta de nacimiento y de una identificación, papeles que no tiene, sostuvo.

Los migrantes externaron que ya no confían en los apoyos que ofrece la institución capitalina, ya que en abril pasado, cuando su personal realizó un operativo que duró cuatro días, les ofrecieron un transporte escolar para sus hijos a quienes aceptaran reubicarse en alguno de los albergues. Sin embargo, el vehículo sólo los llevó un día “y después no volvió a aparecer, por eso pensamos que son mentiras para convencernos de salir de aquí”.