La víspera del envío al Congreso de la iniciativa de reforma electoral, persiste el diferendo de Morena con sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM). Ayer, el dirigente petista Alberto Anaya declaró que no permitirán ningún retroceso democrático en México.

“Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018”, subrayó, y adelantó que lucharán por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos.

En un comunicado, resaltó los espacios democráticos que las izquierdas lograron conquistar con las reformas de 1977 y 1996, los cuales definió como un “fruto de innumerables luchas, represiones, encarcelamientos, desapariciones e incluso levantamientos armados”.

Ello, señaló, obliga al PT a “mantener con dignidad y congruencia nuestra postura”.

Las diferencias entre los integrantes del bloque mayoritario en el Congreso se originan por el planteamiento presidencial de reducir el financiamiento a los partidos y modificar la elección de los diputados plurinominales.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló, por su parte, que es falso que con la presentación de esta iniciativa se vaya a generar inestabilidad política o turbulencia económica.

Señaló que el grupo parlamentario de Morena respaldará a la presidenta Claudia Sheinbaum y profundizará el dialogo con PT y PVEM, así como con legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.

Retroceso, eliminar el PREP: PRI

Mientras, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, estimó que la intención de eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es un retroceso.

Subrayó que éste nació como una respuesta institucional a la crisis de confianza derivada de la elección presidencial de 1988, con el objetivo de dar certeza, rapidez y transparencia a los resultados comiciales.

El dirigente del PAN, Jorge Romero, consideró necesario ajustar las leyes en esta materia, pero no es posible abordar cambios al sistema electoral sin atender primero el problema más grave que enfrenta hoy la democracia mexicana: la intervención del crimen organizado en los comicios.