¿Legalizar o posponer?
na lectora comparte: “Me dirijo a usted para solicitarle que en sus colaboraciones continúe tratando el tema de necesidad de la legalización de la eutanasia en nuestro país. Recientemente pasamos por una situación relacionada con el buen morir y nos vimos limitados ante la legislación actual, misma que no contempla, ni protege, los deseos y necesidades de las personas que por diferentes circunstancias sufren alguna patología que ya no tiene tratamiento o cura, como fue el caso de mi hermano, quien falleció el mes pasado después de cursar varias semanas intrahospitalarias padeciendo dolores severos, los cuales no respondían al tratamiento analgésico proporcionado por diferentes especialistas.
“Por las leyes y protocolos vigentes, lo único que estaba a nuestro alcance era la autorización del Documento de Voluntad Anticipada dentro de la hospitalización. Sin embargo, ello no es suficiente, pues ese recurso no tiene ningún impacto en el sufrimiento que deben soportar las personas enfermas. Durante todo su padecimiento mi hermano estuvo acompañado por sus familiares, haciéndolos partícipes de su impotencia al ver cómo su salud se deterioraba progresivamente, afectando su cuerpo y bienestar, no obstante el acompañamiento y cuidados paliativos de que fue objeto hasta su angustioso final.
“Por ello, en familia, después del doloroso trance, se ha comentado sobre la urgencia de legalizar la eutanasia en México para que las personas que así lo deseen y ya no tengan opciones médicas para su mejoría, condenadas a pasar sus últimos momentos en un verdadero infierno de dolor, así como de impotencia para sus seres queridos, tengan la oportunidad de tomar esta decisión sobre su vida y así evitar una penosa agonía que por ningún motivo desean prolongar. Con mi agradecimiento por su atención”, concluye el texto.
En este espacio sostenemos que sin el derecho a una muerte digna no se puede hablar de un estado de derecho, y si bien diccionarios bien intencionados definen ese estado como el “caracterizado por el imperio de la ley, la división de poderes, el mantenimiento del régimen de legalidad de la administración y el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona”, la realidad es que añejos escrúpulos diversos mantienen criterios confesionales de autoridades que siguen posponiendo una urgente legislación en torno a la muerte digna. ¿O somos iguales?
