San Cristóbal de Las Casas, Chis., Habitantes del ejido Jotolá, municipio de Chilón, apoyados por agentes de la Guardia Estatal, la policía municipal, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario, “agredieron” y provocaron el desplazamiento forzado de 30 tseltales integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Agregó que, además, fueron detenidos Francisco Moreno Hernández y María de Jesús Sánchez, quien “fue torturada durante el traslado por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida”.

En un comunicado, dijo que “el desplazamiento de las ocho familias dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos muertos y al menos tres personas sometidas a tortura”.

El organismo explicó que los hechos datan del 12 de febrero cuando, “a las 8 de la mañana, fue detenido Moreno Hernández por la policía municipal de Chilón”, al tiempo de comentar que entre los desplazados “se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad”.

Añadió que “a las 11 horas, aproximadamente 100 personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida las ocho familias ahora desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la policía municipal de Chilón, funcionarios del INPI y del Tribunal Unitario Agrario”.

Afirmó que “la violencia no terminó con el desplazamiento, sino que se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición del juzgado de control de Yajalón, en el que se les señaló que estaban acusados del delito de despojo agravado”.

Dijo que “el 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco y a María de Jesús se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

“Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos. A lo anterior se suman ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares”, expresó.

Exigió al Estado mexicano “la aplicación inmediata de los principios rectores de los desplazamientos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas.

En este marco, urge garantizar la atención integral a embarazadas, adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento”.