Desde hace cinco años se debate en los tribunales de justicia un caso que trasciende al propio contencioso legal entre Emilio Lozoya Austin y Lourdes Mendoza para centrarse en la oportunidad de fijar un precedente de protección a los llamados alertadores o testigos colaboradores con el gobierno en hechos de corrupción.

“En este caso no se juega una bolsa Chanel”, dice Alejandro Rojas Pruneda, abogado del ex director de Petróleos Méxicanos (Pemex) en entrevista con La Jornada. “Aquí nos estamos jugando la figura del alertador o testigo colaborador del gobierno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad de marcar un precedente para definir el derecho a la verdad de la sociedad mexicana a través de esta figura legal”.

Lozoya Austin, hijo de Emilio Lozoya Thalmann, ex secretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, está acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita; se convirtió en alertador del gobierno en el caso Odebrecht y la planta Agronitrogenados y decidió denunciar en agosto de 2020 a 17 funcionarios por corrupción, entre ellos a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari; también a gobernadores, secretarios de Estado o legisladores.

A continuación, Mendoza demandó civilmente a Lozoya por daño moral, porque en su denuncia, el ex director de Pemex señaló que, por órdenes del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, compró una bolsa Chanel con valor estimado entre 4 y 5 mil dólares para entregársela y que además también pagaban la colegiatura de su hija, algo que la periodista negó.

“Es importante señalar que cuando un asunto llega a la Corte termina siendo un caso que rebasa el tema de las partes; es decir, trasciende el tema de Lourdes Mendoza y supera el tema de Emilio Lozoya. Cuando los asuntos llegan a la Corte, normalmente lo hacen para fijar un precedente en ciertos temas, y creo que este caso podría impactar en la postura del Estado frente a las denuncias de hechos de corrupción por alertadores o testigos protegidos”, dice el abogado.

Este caso será resuelto en definitiva el próximo 4 de marzo por el pleno de la SCJN con la ministra Sara Irene Herrerías Guerra como ponente del amparo directo en revisión 555/2024.

Tras casi tres años en la cárcel, Lozoya Austin estuvo otros dos años y tres meses en prisión domiciliaria y actualmente usa un brazalete como medida cautelar.

Su abogado dice que el ex director de Pemex ha estado en “grave riesgo”, particularmente por las filtraciones de la propia Fiscalía General de la República (FGR) a cargo del entonces titular Alejandro Gertz Manero. “Yo no puedo afirmar que fue el fiscal Gertz quien filtró. Lo que si puedo decir es que la denuncia salió de la FGR. Son los riesgos derivados de la filtración ilegal de un extracto de la denuncia. Eso fue inaceptable. O sea, a los pocos días de presentarse la denuncia ya estaba de manera parcial en todos los medios de comunicación”.

Añade: “Eso puso a Lozoya en un riesgo inmediato. Imagínate que tú ahora denuncias a una clase política y en lugar de que el Estado investigue a esa clase política permita la difusión de lo que tú denunciaste ante las autoridades, sin proteger tu identidad ni tus datos personales. El servidor público que lo permitiera sería cesado inmediatamente y sujeto a investigación”.

Rojas Pruneda afirma que Lozoya Austin asumió riesgos al colaborar como testigo para el gobierno, pero las filtraciones terminaron creando muchos obstáculos. “A Emilio casi lo matan en la cárcel. Estaba aislado y cada vez que salía al área jurídica tenía que ir escoltado y con chaleco antibalas. De hecho, te cuento un episodio que viví: una vez me tocó acompañarlo en su vehículo y recuerdo que las personas que lo cuidaban tuvieron que hacer maniobras porque nos estaban siguiendo. Obviamente, no puedo saber el nivel de peligro de ese evento, pero sí te puedo decir que esa anécdota refleja el estado de alerta en el que siempre estamos tanto él como quienes lo representamos”.

El abogado va más allá: “Finalmente, las filtraciones dinamitaron la investigación. La denuncia que presentó Emilio Lozoya en agosto de 2020 fue una en la que, a pesar del gran riesgo que asumió, relató y delineó el modus operandi de la política de los sexenios previos a los del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue un documento calificado por él mismo como de lectura obligatoria, puesto que denunció temas muy delicados, de gran trascendencia, y sobre todo, porque aportó múltiples pruebas”.

Un bolso

Para el abogado, este caso judicial quedará como referente en jurisprudencia de cómo una bolsa se convirtió en una estrategia para intentar dinamitar un complejo caso de corrupción que involucra a ex presidentes, funcionarios de todos los niveles y legisladores.

“Desde mi óptica, lo que se publicó de la famosa bolsa es lo menos delicado de la denuncia, es anecdótica; es un tema menor, lo importante es todo lo demás que se denuncia. Los otros temas son muy delicados y muy importantes para la vida pública. Yo pienso que ese grupo involucrado en los casos de corrupción importantes que se denunciaron utiliza el de Lourdes Mendoza porque ella es estridente y pienso que su caso será utilizado para defender en el terreno de la narrativa política a todos los demás denunciados, y por supuesto que los denunciados lo van a usar. Si hay una sentencia de la SCJN que deseche la revisión o que diga que no se va a amparar ni proteger a Lozoya, los afectados van a utilizarlo para decir que mintió en todo. Y eso no es así. Lozoya no mintió”.

Añade: “La bolsa ya no es materia de este asunto. El tema es que la SCJN proteja a los testigos colaboradores, a los alertadores, que no permita que una persona que denuncia un hecho delictivo sea sentenciado por daño moral”.

Atañe a periodistas

De acuerdo con su interpretación, este caso se convirtió en relevante porque afecta también a los periodistas y la libertad de expresión. “¿Qué vamos hacer con los alertadores? La Corte debe señalar qué tipo de garantías le vamos a dar a los alertadores. Esa es la oportunidad que tienen los ministros. Tienen que existir garantías mínimas. El caso de Lourdes y Emilio es perfecto para la derecha porque es un asunto de 500 mil pesos. El tema no es el dinero, sino lo que significa; lo que hay detrás de este caso. ¿Quién va alertar sobre los casos de corrupción si no hay garantías para proteger a los alertadores?”.

Para el abogado Rojas Pruneda este caso es una “barbaridad, un escándalo brutal”. Lozoya ha perdido en diferentes instancias. “¿En qué país se condena a una persona por haber denunciado hechos de corrupción? Yo te puedo asegurar que las sentencias que ha resuelto este caso, es decir, las de primera y segunda instancia y el amparo son sentencias que tenían la intencionalidad de criminalizar la denuncia de Lozoya en general, no sólo la que tiene que ver con Lourdes Mendoza”.

–Lo que dicen es que Lozoya mintió…

–No, eso de que mintió es la narrativa de las personas señaladas en la denuncia y la van a seguir repitiendo. No hay una determinación firme que diga eso. Te lo explico: en las primeras sentencias de este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dio valor probatorio a las pruebas de la demandante. Nosotros siempre alegamos que las pruebas presentadas por ella no tenían relación con los hechos denunciados. Te pongo uno de los ejemplos que son públicos: se quería hacer creer al juez que como la tienda Chanel abrió tiempo después en Masaryk, no se pudo haber comprado esa bolsa en la época de los hechos. Sin embargo, esa y otras pruebas no tenían ningún sentido. Lozoya nunca señaló que compró una bolsa específicamente en la tienda de Chanel de la calle de Masaryk, por lo que la fecha de su apertura es irrelevante. De hecho, por eso en la última sentencia, la de amparo, los magistrados aceptaron que las pruebas no acreditaban un hecho falaz.

–Entonces, ¿por qué lo condenaron, si los magistrados de amparo dijeron que no mintió?

–Ahí viene precisamente el tema: en un criterio sin precedentes. Los magistrados dijeron que Lozoya tenía que haber acreditado lo que había denunciado. ¡Eso es violatorio de la Constitución! Si tú denuncias un hecho ante el Ministerio Público, es el Ministerio Público el que debe recabar las pruebas.

La ministra Sara Irene Herrerías advierte en la ponencia pública que será revisada por el pleno de la Corte el próximo miércoles no hay tema de interpretación constitucional. “Pienso que no le quiere entrar al tema, pero aquí es necesario fijar un criterio que sirva para otros tribunales. La Constitución protege a la figura de los alertadores de hechos de corrupción.”

El abogado difiere del criterio de la ministra Herrerías porque dice que la libertad de expresión es un derecho fundamental que se encuentra en los artículos VI y VII de la Carta Magna. “Es importante que se defina si los alertadores que denuncian la corrupción son personajes que forman parte del derecho a la libertad de expresión por su dimensión social, como sucede en el sistema interamericano –señala–. Si el caso se queda como está, el mensaje va a ser claro: si denuncias un hecho de corrupción, el riesgo de ser condenado por daño moral es altísimo y nadie te va a proteger, y no estoy exagerando para nada”.

–¿Qué pasaría si la Corte desechara el amparo en revisión?

–Sería un pésimo precedente porque implicaría que el tema no es de su interés, cuando en el sexenio pasado hubo muchos alertadores quienes, por falta de protección, están ahora exiliados, estigmatizados o muertos.

Concluye: “A mucha gente le interesa que Lozoya pierda el caso por razones políticas y difundir la narrativa de que todo lo que dijo fue un cuento y que engañó al presidente López Obrador. Por eso está el llamado a la Corte a que se pronuncie sobre si se va a aceptar el andamiaje interamericano sobre protección a alertadores, o no”.