Cuatro años después de la muerte del adolescente Ángel Moreno en el albergue Fabriles del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León, agrupaciones civiles exigieron al gobierno de Samuel García cumplir de manera íntegra la recomendación 148/2025 emitida hace poco por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la cual asegura que hubo violaciones a los derechos del menor de 14 años con discapacidad.

En conferencia virtual, Juan Martín Pérez, director de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe, explicó que la recomendación de la CNDH retoma lo establecido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y reiteró que Ángel no falleció por causas naturales, sino que “fue víctima de tratos inhumanos mientras estaba bajo custodia del DIF de Nuevo León”.

Recordó que por esos hechos está en prisión un enfermero, cuyo proceso judicial se encuentra detenido debido a un amparo, y subrayó que el gobierno estatal tiene la obligación jurídica y ética de asumir responsabilidad, garantizar la reparación integral del daño y establecer medidas efectivas de no repetición.

Junto con Pablo Quiroga Adame, coordinador de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y Alexander Navarro, de la plataforma Change.org, exigieron al gobierno de Nuevo León “romper el cerco de protección política que ha sostenido la impunidad en el caso del niño Ángel Moreno”.

Navarro informó que más de 38 mil personas han suscrito la exigencia de justicia para Ángel en la plataforma, así como la demanda que se emprenda una transformación estructural en el sistema de protección a la niñez.

Quiroga Adame acudió ayer a la Oficialía de Partes del Congreso local y al palacio de gobierno a presentar las 38 mil peticiones que demandan esclarecer el caso y castigar con cárcel a las personas responsables. Asimismo, que se apruebe la ley Ángel que busca mejoras en el resguardo de menires bajo custodia gubernamental.

Señalaron que “la persistencia del encubrimiento no es un error administrativo, sino un entramado institucional que ha impedido investigar y sancionar de manera integral las responsabilidades vinculadas con el homicidio de Ángel” y remarcaron que “no es un caso aislado, sino una falla estructural en el sistema de protección a la niñez bajo custodia del estado.”