En México, más de 17 millones de adolescentes de 12 a 19 años utilizan Internet y en promedio pasan 4.7 horas al día conectados, expuso Lorena Villavicencio, titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). De ellos, afirmó, uno de cada cuatro ha experimentado situaciones de ciberacoso en el último año.

En el conversatorio Soluciones ante la violencia sexual infantil en entornos digitales, detalló la recepción de contenido sexual no solicitado, amenazas para difundir información íntima y la difusión o comercialización de imágenes de carácter sexual.

En entrevista con La Jornada, durante el quinto Encuentro internacional por un mundo digital libre de violencia sexual sostuvo que “en el Sipinna estamos haciendo un diagnóstico para generar protocolos de prevención de las violencias que se ejercen en el ciberespacio.”

Añadió que desde principios de septiembre de 2025, junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) se despliega una campaña de prevención sobre el abuso sexual en las escuelas y en el medio digital, la cual comenzó en la Ciudad de México y continuará en planteles del estado de México, pero la intención es hacerla extensiva a todo el país.

El ecosistema digital, agregó, es actualmente un espacio de socialización, aprendizaje y participación, pero también es un entorno diseñado para maximizar interacción, permanencia y captación de datos. “Esa arquitectura tecnológica no es neutral. Responde a incentivos económicos que privilegian la atención constante”, subrayó.

Niños y adolescentes no son objetos de tutela, sino sujetos plenos de derechos: “Son titulares de libertad de expresión, acceso a la información y participación digital, pero también son titulares del derecho a la integridad, a la dignidad y a una vida libre de violencia. El reto no es restringir su presencia en el entorno digital, sino garantizar que puedan habitarlo en condiciones seguras.”

Villavicencio subrayó que la violencia digital no es un fenómeno marginal, sino una de las expresiones más complejas de la violencia contemporánea, y por tanto enfrentarla exige visión jurídica, coordinación institucional y diálogo con sociedad civil.

“Un mundo digital libre de violencia no se construye excluyendo a niñas y niños del entorno tecnológico. Se construye garantizando que puedan ejercer sus derechos en este espacio con seguridad, dignidad y autonomía progresiva. Esa es la responsabilidad del Estado y también es una responsabilidad compartida.”