Washington. La política del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a migrantes a terceros países con los que los expulsados no tienen ninguna relación es ilegal y debe quedar sin efecto, dictaminó ayer un juez federal en un caso que ya llegó a la Corte Suprema de la nación.

El juez de distrito Brian E. Murphy, en Massachusetts, aceptó suspender su fallo durante 15 días, dándole al gobierno tiempo para apelar.

El juzgador señaló que la Corte Suprema determinó el año pasado a favor de las autoridades al suspender la decisión anterior de Murphy y allanar el camino para que un vuelo que transportaba a varios migrantes completara su viaje a Sudán del Sur, una nación devastada por la guerra y donde las personas a bordo de no tenían algún vínculo.

El juez señaló que la política sobre expulsiones a terceros países ha apuntado a inmigrantes a quienes se les concedió protección para no ser enviados de regreso a su nación de origen, donde temen que sean objetos de tortura o persecusión.

La Corte Suprema falló en contra de la empresa de prisiones GEO Group como parte de una demanda que asegura que los migrantes detenidos en una instalación de Colorado eran obligados a trabajar a cambio del pago de un dólar diario.

La empresa impugna una demanda de 2014 que sostiene que los detenidos en Aurora tenían que realizar labores de limpieza sin goce de sueldo y llevar a cabo otros trabajos a cambio de una remuneración mínima para complementar sus escasas comidas.

“De ser encontrado responsable en última instancia, sin duda que GEO puede apelar... pero debe esperar hasta entonces”, escribió la jueza Elena Kagan. Los nueve magistrados coincidieron con el resultado, pero dos de los jueces, Clarence Thomas y Samuel Alito, discreparon en los motivos.