Jardines, privacidad y una primera línea frente a la playa son algunos atributos que visitantes reconocieron en Kovay Gardens, hotel boutique bloqueado financieramente la semana pasada tanto por autoridades de México como de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pequeño hotel –con 22 habitaciones– está lejos de ser un negocio escondido o simplemente una fachada sin mayor operación. El complejo está listado en prácticamente todas las plataformas de hospedaje. Se le encuentra en Kayak, TripAdvisor, Momondo, Airbnb y, hasta la semana pasada, en Booking.

De telón, el resort nayarita que cobra entre 5 mil y 7 mil pesos la noche tiene Cruz de Huanacaxtle, pequeño puerto pesquero situado entre Bucerías y Punta Mita, en la Bahía de Banderas. La Marina del lugar es la cuarta más importante en el Pacífico mexicano y tiene capacidad para 350 embarcaciones.

Este complejo, que ofrece playa privada, puerto deportivo y centro de bienestar, es sólo una de las empresas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado como parte de los tentáculos que el crimen organizado ha tendido lejos del estruendo que implican el tráfico de drogas, armas, combustible y personas, para mezclarse en actividades económicas aparentemente inofensivas.

Al menos desde julio de 2024, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos lanzó la alerta de esquemas de fraude mediante desarrollos turísticos concentrados en Puerto Vallarta. La semana pasada, cuando anunció el bloqueo de nuevos objetivos, detalló que entre 2019 y 2023 se reportaron pérdidas de casi 300 millones de dólares por unas 6 mil víctimas estadunidenses, y sólo en 2024, la Oficina Federal de Investigación recibió quejas por pérdidas adicionales de 50 millones de dólares.