La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que busca articular la política del Estado en la producción, fomento y estímulos fiscales al cine nacional, y que incluye la regulación del mercado de exhibición en plataformas digitales de video bajo demanda.

La nueva ley –que abroga la Ley Federal de Cinematografía– tiene como objeto garantizar el derecho de toda persona a participar, acceder y contribuir en la vida cultura cinematográfica y audiovisual del país y, en ese sentido propone fomentar la producción, circulación, distribución, comercialización y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales.

Además, se resaltó que la incorporación del término “audiovisual” en la ley representa “un hito en la actualización del marco jurídico del sector”, pues en un contexto donde las obras cinematográficas conviven con nuevos formatos, se regulará también a las obras en ese formato, “definidas como aquellas cuya salida primordial no es la exhibición en salas de cine o espacios alternativos”.

En la exposición de motivos de la iniciativa, que se envió a comisiones, detalló que el fomento a la ley vigente se ampliará a toda la cadena productiva.

Exhibición en salas

Como medida para garantizar el acceso al cine mexicano, se propone modificar la fórmula de exhibición en salas comerciales, del mínimo de 10 por ciento del tiempo total que se mide en semanas, al número total de exhibiciones por semana en cada sala de cine o complejo cinematográfico, así como definir horarios equitativos con respecto a los de las películas extranjeras.

Así, establece un mínimo de 14 días de exhibición, esto es el doble de los días vigentes, y que, además, 14 días previos al estreno de las películas mexicanas, deberán proyectarse avances promocionales (o tráileres) de forma equitativa.

De manera adicional y, con el fin de atender a un público amplio que incluya a personas con discapacidades auditivas y visuales, que en las producciones se agregue un subtitulaje descriptivo y tecnologías asistivas, con la descripción de los sonidos, como se acostumbra en países de larga tradición en la producción.

En la iniciativa, Sheinbaum resaltó que el crecimiento de los servicios de plataformas digitales de video bajo demanda o streaming se ha registrado sin una regulación que incentive económicamente a la producción nacional y que vele por los derechos de los mexicanos a verse reflejados y representados en las obras que ofrecen.

Producción nacional

Las plataformas, abundó, concentran sus esfuerzos en todos los eslabones de la cadena de valor por lo que resulta necesario actualizar su regulación y se obligará a las empresas a cumplir con las disposiciones de la ley.

También explicó que un cambio importante en el marco legal es la determinación de las obras cinematográficas y audiovisuales.

Para ello se considerarán como obras de producción nacional las que sean realizadas por empresas o particulares que participen con al menos 20 por ciento de los derechos patrimoniales detentados en su favor y que la participación del personal creativo y técnico guarde un equilibrio.

También se prevé la opción de 10 por ciento de derechos patrimoniales, si la obra es de interés cultural nacional, si el director o directora, así como la mayoría de los autores y la mitad del personal creativo y técnico son mexicanos o tienen residencia permanente en el país.

Se incluye un capítulo de fomento al cine y el audiovisual, mediante apoyos y estímulos fiscales a las personas físicas mexicanas o residentes legales en México y las personas morales mexicanas, con capital nacional mayoritario, dedicadas a todas las actividades relacionadas con la industria.

Los criterios y montos globales de los estímulos serán fijados por la Secretaría de Hacienda.

La iniciativa incluye un apartado para regular la preservación de la memoria cinematográfica y audiovisual, que prevé además su restauración y resguardo como parte de la memoria fílmica y audiovisual, que se consideran como patrimonio cultural mexicano.

Se define la obligación a los realizadores de entregar una copia de toda obra cinematográfica y audiovisual de largometraje mexicanas en la mejor calidad posible, al Fideicomiso para la Cineteca Nacional con fines de resguardo.