A pesar de que un tribunal colegiado ordenó integrar la comisión de la verdad del caso Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló la imposibilidad de hacerlo, entre otras cosas porque, dijo, actualmente se encuentra en proceso de conclusión un nuevo expediente de queja por la inconformidad de los familiares de los estudiantes desaparecidos y normalistas sobrevivientes respecto del contenido de la recomendación 15VG/2018.

Señaló que dicho expediente “se trabaja de manera puntual desde la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, y del cual se tiene ya un proyecto de recomendación en vías de publicación”.

Afirmó que la participación de la CNDH en la integración de una nueva comisión de investigación sobre hechos que ya fueron objeto de un análisis institucional y que dieron lugar hace ocho años a la emisión de la recomendación 15VG/2018, previamente referida, y desde hace cuatro años a su revisión en un contexto jurídico distinto, del cual derivará una nueva recomendación, plantea un conflicto de intereses, directo y jurídicamente insalvable.

Indicó que la intervención de la CNDH en la llamada comisión de investigación para la verdad y la justicia (caso Iguala) “implicaría revisar, valorar y eventualmente modificar conclusiones que se han formulado, lo cual comprometería los principios de imparcialidad, objetividad e independencia que rigen nuestra actuación institucional.

“Por ello, no resulta jurídicamente viable que esta Comisión Nacional asuma de forma concurrente y/o simultánea el papel de órgano supervisor y de control, y de autoridad encargada de investigar y vigilar el cumplimiento de sus propias resoluciones, pues dicha superposición de funciones genera una incompatibilidad institucional que impide una actuación objetiva y plenamente confiable.”

Pero no sólo eso: advirtió que entorpecería la investigación de los hechos competencia de la Fiscalía General de la República y “afectaría gravemente con el pretendido mandato que se nos quiere imponer. La figura del Ministerio Público es el ente técnico jurídico facultado para investigar hechos con apariencia de delitos, toda vez que cuenta con las atribuciones legales, así como con la experiencia técnica, necesarias, para llevar a cabo dicha labor”.

Requirió al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer la facultad de atracción para conocer del cumplimiento del amparo en revisión 203/2017 del índice del primer tribunal colegiado de décimo noveno circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, toda vez que el asunto que se ventila en dicho cumplimiento es de interés nacional.