El dinero manda
lgunos partidos políticos se convirtieron en negocios familiares, de amigos o de compinches, y es por ello que no aceptan el recorte del financiamiento público o la reducción de cargos plurinominales.
No se trata de un principio ideológico, sino que, como cualquier negocio, la mayor parte de los partidos políticos buscan el lucro, y si se reducen sus participaciones, reciben menos dinero que, como el maná, les cae del cielo sin la necesidad de hacer esfuerzo alguno. Los dirigentes partidistas se niegan a perder esas prebendas y, por lo tanto, se oponen a la reforma propuesta por Claudia Sheinbaum.
No se trata de la defensa de la democracia o de llegar a los cargos de elección popular al hacer propuestas que beneficien a la sociedad. Los dirigentes ya ni siquiera tienen que competir por el cargo y creen que se merecen los mejores puestos en la legislatura casi por derecho divino.
Es por ello que la presidenta Sheinbaum no puede convencer a sus aliados de bajar el gasto para volver el proceso democrático más transparente, eficiente y barato para la sociedad ni, mucho menos, puede convencer a los partidos de oposición de aceptar la reforma.
Cuando las instituciones públicas se transforman en negocios grupales, el objetivo es obtener más recursos del fisco. Los impuestos que se podrían invertir en infraestructura, en reducción de la deuda o en beneficios directos para la población pobre, se concentran en los partidos. Entre más poder tiene un grupo, más beneficios recibe y, como los legisladores son los que aprueban el presupuesto, se sirven con la cuchara grande en su propio beneficio.
Los recursos se obtienen en forma directa, por medio de sueldos, comisiones, automóviles de lujo o servicios especiales, como viajes en primera clase, comidas costosas o salones de belleza… la constante es que el dinero sale de las arcas públicas.
Un camino que puede seguir Claudia Sheinbaum para presionar a los legisladores que se oponen al cambio es exhibir los ingresos personales que reciben; de esta manera, puede mostrar a los ciudadanos las condiciones desiguales en que viven los legisladores frente al pueblo. Esta estrategia tiene sus riesgos, pero algo hay que hacer si se quiere acabar con los privilegios de políticos que se oponen al cambio simplemente por defender intereses pecuniarios.
