ucho se ha debatido en torno a la relativamente reciente reforma al Poder Judicial en nuestro país y a las determinaciones que marcarían un antes y un después. La realidad es que tratándose de casos emblemáticos que involucran al Estado en crímenes contra movimientos sociales y sus líderes, la impunidad ha sido históricamente garantizada y no encontramos evidencias de que ahora sí los nuevos jueces y juezas los resolverán. Con el agravante de que no se tocó a las físcalias encargadas de realizar una investigación confiable para ser presentada por vía jurisdiccional. Nos podríamos detener en la masacre del 2 de octubre de 1968 y los intentos fallidos para lograr el esclarecimiento y castigo a los responsables en los casos en que la consigna “fue el Estado” tuvo desde entonces evidencias suficientes.
Ignacio Carrillo Prieto, como titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en 2001 y extinguida en 2006, durante el gobierno del panista Vicente Fox. Entre sus numerosas investigaciones destacamos la que promovió acción penal contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez como uno de los responsables por las masacres de estudiantes de 1968 y 1971. En su momento, el fiscal declaró que las consignaciones no procedieron “por los conflictos de intereses que hay en el interior del gobierno y porque en el Poder Judicial Federal existe un reducto de resistencia al cambio”. Cierto, sin embargo, pese al respaldo fuerte del Comité del 68, poco logró ante la decisión “extraoficial” del ex presidente de la República de parar a la Femospp, ni más ni menos que motivado por la decisión del Ejército.
Vamos a otro caso más reciente de injusticia “pronta y expedita”, el de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa la noche del 26 a la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Once años de lucha y resistencia de sus madres y sus padres, con el respaldo incansable de organismos defensores de derechos humanos como el Centro Pro y el centro Tlachinollan. Y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Y en este proceso, si bien el 3 de diciembre de 2018 el hoy ex presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para crear la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (la Covaj), a cargo del entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ésta no tenía facultades para judicializar el resultado de sus respectivos y contundentes informes. Hoy tenemos la noticia de que el tribunal colegiado de apelación de Tamaulipas, tras ocho años de litigio, instruyó integrar la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala, con participación de dos familiares, un agente del Ministerio Público que no haya participado previamente en la investigación y la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). ¿Empezar de nuevo? La Fiscalía General de la República analiza si procede a impugnar tal resolución. Sin embargo, hoy por hoy, tanto el GIEI como la Covaj y la Femospp pueden mostrar la realidad: “con el ejército hemos topado”.
Pero vamos a un caso más reciente, el del luchador social Samir Flores Soberanes, asesinado el 20 de febrero de 2019 afuera de su casa en Morelos, y para el que tampoco se ha logrado justicia en el entramado del Poder Judicial. Han concluido las jornadas nacionales e internacionales Justicia para Samir y autodeterminación para los pueblos, convocadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Congreso Nacional Indígena, con actos de protesta realizados en diversos estados, con fuerza en Morelos y Chiapas, donde destacamos los de cientos de bases de apoyo del EZLN, en los caracoles ubicados en Oventik, Morelia, La Garrucha y La Realidad. En ellos encontramos una suerte de síntesis y fuerza del trasfondo que a grandes rasgos estamos ofreciendo.
Los zapatistas reiteraron que “estamos aquí para recordar el cruel asesinato del compañero Samir y los malos gobiernos lo han dejado impune porque hasta la fecha no hay justicia. Por eso decimos que la mejor forma de recordar al compañero Samir y a todos y todas los que han sido asesinados, es seguir su ejemplo de lucha”.
“Samir es un símbolo de resistencia y rebeldía para los que luchamos en México y el mundo, y los que no se organizan y no luchan, ¿entonces qué y hasta cuándo? No esperemos que la justicia la hagan los de arriba, los de la pirámide, los del poder; la justicia vendrá desde abajo, de los pueblos organizados”, afirmaron. “Es tiempo de resistencia y rebeldía para los que luchan y los que no se organizan ni luchan, ¿entonces qué?” La agenda de los pueblos está clara. El Estado, por su parte, camina en la impunidad sistemática, y sobran ejemplos: a veinte años del “accidente” en Pasta de Conchos, reitera a sus familiares que continuará el rescate de los restos de mineros. Verdad y justicia es su consigna.
