Durango, Dgo., Colectivos feministas denunciaron que la iniciativa para despenalizar el aborto en Durango permanece desde marzo de 2025 en la Comisión de Justicia del Congreso estatal, donde ya fue dictaminada y sólo falta que sea turnada al pleno; sin embargo, no hay voluntad de los legisladores.

Aseguraron que, incluso, existe un ordenamiento judicial que obliga al Congreso a legislar sobre este tema, al tratarse de uno de los siete estados que aún mantienen artículos que sancionan el aborto en su Código Penal local, los cuales han sido considerados inconstitucionales por un tribunal.

Delia Enríquez, diputada de Morena, expresó que espera que en el próximo periodo de sesiones la iniciativa sea llevada al pleno: “sólo faltan dos o tres votos para aprobarla, entre ellos el del partido Verde y otro adicional”.

La legislatura actual (2024-2027) se integra por el bloque de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 12 legisladores, sólo uno es del Verde; mientras el bloque de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional también tiene 12 integrantes, ocho de ellos son priístas. La lista se cierra con uno de Movimiento Ciudadano.

En conferencia en el Congreso, las agrupaciones feministas reconocieron los esfuerzos para impulsar la despenalización; no obstante, también señalaron la falta de voluntad para llevar el tema al pleno.

Julieta Hernández Camargo, presidenta de Sí hay Mujeres en Durango, pidió a los diputados avanzar, pues aunque en los últimos tres años no se ha iniciado ningún proceso judicial por esta causa, muchas mujeres se ven obligadas a salir del estado para interrumpir el embarazo. Indicó que al no estar despenalizado, enfrentan miedo e incertidumbre, y los médicos evitan realizar el procedimiento por el riesgo de verse involucrados en un proceso legal.

La activista añadió que de aprobarse la iniciativa en el próximo periodo de sesiones, se podrían garantizar condiciones dignas para las mujeres que no cuentan con recursos económicos para viajar a otro estado y que de lo contrario, se exponen a riesgos al recurrir a prácticas clandestinas.

Explicó que en caso de derogarse los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal de Durango, también se eliminaría la penalidad para los especialistas que lo practiquen conforme a la ley.

Asimismo, manifestó su preocupación por declaraciones de algunos diputados que han planteado someter a consulta popular la sentencia derivada de un amparo, lo cual consideró inadecuado. “El Congreso está obligado a legislar; no tiene otra salida. Debe garantizar el respeto a la ley y la salvaguarda de los derechos”, puntualizó.

Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2023, 2024 y 2025 no se inició ninguna carpeta de investigación por aborto en la entidad. Los últimos casos datan de junio y julio de 2022, en los municipios de Gómez Palacio y Durango, respectivamente.

En 2020 y 2021, tampoco hubo expedientes por este concepto, pese a que el delito permanece tipificado en el Código Penal estatal; el registro previo corresponde a junio de 2019, con un caso radicado en el municipio de Durango.