Cuernavaca, Mor., La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza más de 100 pruebas sobre presuntas violaciones a dichas garantías contra pobladores de las comunidades a la que les impusieron las obras del Proyecto Integral Morelos (PIM), así como la falta de justicia por el asesinato del comunicador y activista Samir Flores Soberanes, cometido hace siete años, informó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala en contra del Estado mexicano.

El abogado de la organización, Juan Carlos Flores Solís, recordó que el frente entregó sus pruebas y alegatos después de mayo del año pasado, mientras el Estado mexicano respondió ante este organismo internacional en diciembre pasado respecto a las acusaciones formuladas por los compañeros de lucha de Samir Flores.

“Hace dos meses nos llegó la notificación de la contestación del Estado mexicano sobre el caso, por lo cual la CIDH ha señalado que ya cuenta con los elementos suficientes para entrar en la etapa de estudio de fondo del caso”, expresó el jurista.

Recordó que la solicitud de intervención ante la CIDH fue interpuesta en marzo de 2020, cuando las autoridades desalojaron un campamento instalado desde 2016 a orillas del río Cuautla, en San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala, para impedir que continuara la construcción de un acueducto del PIM, y en contra de la imposición del proyecto y la impunidad que ha prevalecido en el asesinato de Samir Flores, quien encabezaba la oposición al PIM y fue ultimado.

Por su parte, el Estado mexicano, de acuerdo con Flores Solís, sostiene en su respuesta ante el organismo internacional que el PIM “no contamina y que no hubo violaciones a los derechos humanos”.

Según el Estado mexicano, no hay violación a derechos

También menciona oficios presidenciales para justificar rondines de la Guardia Nacional en Huexca, municipio de Yecapixtla, donde se ubica la termoeléctrica; sin embargo, afirmó que “no se comprueba que no exista una violación grave a los derechos humanos”.

Al entrar la CIDH al estudio de fondo del caso, el compañero de lucha de Samir confió en que este organismo internacional pueda emitir una resolución más pronta, ya que en el país la justicia no llega.

Como muestra de que la justicia no avanza a nivel federal, mencionó que recientemente dos amparos promovidos por los pueblos, que habían sido ganados, fueron concluidos en contra de éstos, negándose los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados sobre un proyecto de esta magnitud, así como su derecho a defender su vida, su medio ambiente y su territorio.

El PIM comenzó a proyectarse y construirse a finales de 2011, pese a la oposición de algunos pueblos y comunidades. Hasta ahora se han edificado una termoeléctrica en Huexca, Yecapixtla, así como el acueducto y el gasoducto que va de Puebla a Morelos.

Desde 2011 y hasta el 20 de febrero reciente, durante el séptimo aniversario luctuoso de Samir, sus compañeros han reiterado la exigencia de cancelación del PIM, que –afirman– traerá afectaciones a la zona oriente de Morelos. Además, señalaron que, a 15 años de haber empezado su construcción, la termoeléctrica no opera al cien por ciento, ni tampoco el gasoducto ni el acueducto.

Este proyecto fue emprendido por el gobierno de Felipe Calderón y continuado por Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, con las respectivas administraciones estatales morelenses de Marco Adame Castillo, Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco Bravo.