Catorce de las 16 alcaldías deberán aclarar el destino de 230 millones 320 mil 700 pesos, luego de detectarse inconsistencias, que abarcan fallas administrativas, deficiencias documentales y omisiones normativas durante la fiscalización de la cuenta pública 2024, de acuerdo con el informe general ejecutivo de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

El reporte aclara que estas observaciones no constituyen automáticamente daño patrimonial, sino que representan hallazgos que deben aclararse mediante procesos legales y administrativos.

En revisiones específicas se identificaron expedientes incompletos de beneficiarios de programas sociales, falta de comprobación documental de transferencias económicas y discrepancias entre montos dispersados y registros oficiales.

Asimismo, auditorías aplicadas a contratos revelaron omisiones en la verificación de proveedores, ausencia de constancias fiscales y empresas no localizadas en domicilios registrados.

En materia de obra pública, se documentaron anomalías como modificaciones contractuales sin justificación formal, incumplimiento de requisitos ambientales y omisión de sanciones a contratistas pese a incumplimientos detectados.

El monto total observado a todos los entes auditados asciende a 980 millones 205 mil 700 pesos, por lo que las demarcaciones territoriales representan cerca de una cuarta parte del total de recursos sujetos a aclaración, reintegro o eventual sanción.

Entre las jurisdicciones con mayores montos por aclarar destacan Gustavo A. Madero, con 78.8 millones de pesos, seguida por Tlalpan, con 43 millones; Álvaro Obregón, 28 millones; Iztacalco, 14 millones 770 mil pesos, mientras otras como Tláhuac y Azcapotzalco registraron cantidades considerablemente menores, de alrededor de 237 mil y 265 mil pesos, respectivamente. Iztapalapa y Venustiano Carranza no tuvieron ninguna observación en sus gastos.

En términos de volumen de observaciones, las alcaldías también lideran la lista. De las 481 potenciales promociones de acciones derivadas de 302 auditorías practicadas a 109 entes públicos, 265 corresponden a las demarcaciones, lo que equivale al mayor número entre todos los sectores fiscalizados.

Además, el informe precisa que 68.5 por ciento de las probables acciones económicas se concentró en alcaldías.

El dictamen general sostiene que los resultados confirman la necesidad de reforzar controles, supervisión y evaluación del gasto público para asegurar legalidad, eficiencia y rendición de cuentas en la administración local.