El Plan de Acción entre México y Estados Unidos sobre minerales críticos podría “profundizar” el extractivismo y el despojo de los pueblos originarios, advirtieron defensores de derechos humanos.

César Enrique Pineda, investigador de la UNAM, recalcó que ante a este tipo de propuestas son las comunidades las que sufren las consecuencias, al verse vulneradas sus garantías fundamentales y su salud humana.

Durante el seminario Tejer Caminos en defensa de los derechos humanos, organizado por la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, los activistas señalaron que el país atraviesa por una crisis en la materia en distintos ámbitos y frente a ello llamaron a la acción colectiva.En el marco de los 36 años de acción colectiva de la Red TDT, Angela Camacho, integrante del Congreso Nacional Indígena, mencionó que los diversos pueblos originarios han enfrentado más de cinco siglos de “exterminio y despojo”, por lo que la defensa de la vida y el territorio debe ser colectiva.

Refirió que de 1996 a 2025 se tiene un registro de 140 compañeros asesinados y 22 personas desaparecidas. “En medio de esta violencia sistemática, la solidaridad de organizaciones, colectivos y personas ha sido fundamental”, expresó.

Freno burocrático

A propósito, Luis García Villagrán, activista que acompaña a personas migrantes, dijo que actualmente hay 45 mil personas extranjeras varadas en Tapachula, Chiapas, pues enfrentan un “muro burocrático” ante las demoras en los procesos para pedir refugio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Señaló que la mayoría de ellos se encuentra sin tener certeza jurídica, ya que aun cuando la ley en la materia estipula que la institución debe otorgarles un permiso temporal o una visa humanitaria, éste es retrasado o no se les reconoce como válida.

Esta situación los expone a que sean objeto de distintos delitos, “hay muchas desapariciones de migrantes”, denunció.

El activista, quien organizó diversas caravanas desde Chiapas, manifestó que existe una criminalización de los defensores de las garantías fundamentales. En su caso, expuso, hay 12 carpetas de investigación, de las cuales tres se han judicializado.

García Villagrán fue detenido el 5 de agosto del 2025 en Tapachula por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, acusado de presunta delincuencia organizada, tráfico y trata de personas; ocho días después fue liberado.