Caracas. El gobierno de Venezuela expresó que considera “insólito” que Estados Unidos continúe calificando al país como una “amenaza inusual y extraordinaria”, como se establece en el decreto de “emergencia nacional” emitido por Washington en 2015 y recientemente renovado por la administración del presidente estadunidense, Donald Trump.

En un comunicado oficial, Caracas sostuvo que la persistencia de esa narrativa, basada en argumentos alejados de la verdad y del derecho internacional, sólo contribuye a alimentar escenarios de confrontación. El pasado 18 de febrero, la Casa Blanca prorrogó la orden ejecutiva 13692, que emitió el entonces presidente Barack Obama. Ese instrumento establece que la situación en Venezuela representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, lo que habilita al Ejecutivo estadunidense a aplicar sanciones y otras medidas unilaterales contra el país.

Conocida popularmente como el “decreto Obama”, dicha orden se ha renovado año tras año por las sucesivas administraciones, convirtiéndose en la base jurídica interna de Washington para justificar un amplio esquema de medidas coercitivas unilaterales contra autoridades, entidades estatales y sectores clave de la economía venezolana, incluyendo finanzas, petróleo, comercio exterior y acceso a insumos esenciales.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano Antibloqueo, ente oficial encargado de medir el impacto de las sanciones contra el país, sobre esa arquitectura se han sustentado centenares de sanciones, embargos y restricciones que han impactado con fuerza la economía del país y las condiciones de vida de la población.

En un contexto marcado por el ataque militar estadunidense del pasado 3 de enero, que cambió el tono de las relaciones hacia un acercamiento centrado en el control por parte de Estados Unidos del comercio de petróleo venezolano, el gobierno bolivariano exhorta a Washington a que “asuma un papel constructivo y de respeto en la conducción de sus relaciones internacionales, abandone enfoques unilaterales y avance hacia una etapa de respeto recíproco, diálogo franco basado en la soberanía, la no injerencia y el beneficio compartido de nuestras naciones”.

Ley de Amnistía activada

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que hasta ayer fueron recibidas mil 557 solicitudes de liberación de personas detenidas bajo el amparo de la Ley de Amnistía aprobada apenas hace dos días. La noche del viernes, el diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada de la aplicación de la ley, señaló que unas 400 personas serían liberadas en las próximas horas como efecto del instrumento recién activado. El resto de las solicitudes también se estarían atendiendo de inmediato.

Además de estas cifras, Rodríguez afirmó que hay alrededor de 11 mil solicitudes por parte de personas que, si bien no están detenidas, tienen medidas sustitutivas de privación de libertad y también han expresado su voluntad de acogerse a la Ley de Amnistía.

La agencia noticias Reuters reportó ayer que, según sus fuentes, una cantidad indeterminada de funcionarios de inteligencia y médicos cubanos que prestaban servicios en Venezuela habrían salido del país rumbo a La Habana. No obstante, la agencia no logró establecer si estas salidas responden a una “presión” de Washington sobre el gobierno de Venezuela o a una decisión de la isla de convocar a sus connacionales.