San Cristóbal de Las Casas, Chis., A 30 años de haber sido firmados los Acuerdos de San Andrés “la memoria viva de los pueblos originarios nos recuerda que la palabra empeñada por el Estado mexicano sigue incumplida, traicionada y silenciada”, afirmaron siete agrupaciones y colectivos.

En un comunicado conjunto dado a conocer en el marco de las manifestaciones por el asesinato del activista Samir Flores, dijeron que tres décadas después de que fueron suscritos por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los tratados “son la traición continuada”.

La Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Espacio de Lucha contra el olvido y la represión (Elcor), Lumaltik-Herriak Comité de mujeres Chiapas-Kurdistán, Antsetik Ts'unun (colectiva autónoma de mujeres defensoras) y la colectiva Las Artemisas, manifestaron que “el EZLN denunció desde 2001 que la reforma constitucional negaba lo pactado: autonomía, libre determinación, reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, acceso a tierras y territorios, y los bienes comunes”.

Con ello, abundaron, continúan “suspendidas las puertas del diálogo y la paz y se abrió paso a la construcción de autonomías de hecho, que el zapatismo ha levantado durante tres décadas pese a la contrainsurgencia permanente”.

Expresaron que ni las reformas de 2019 ni la de 2024 responden al mandato de San Andrés. “Se mantienen las exclusiones fundamentales: el derecho al territorio, el respeto a los bienes comunes y la autonomía plena de los pueblos. Es clara la negativa del Estado mexicano a reconocer derechos completos y efectivos que asuman la deuda histórica, ya que persiste un modelo extractivista que niega la vida de los pueblos”.

Frente a ello, añadieron, “honramos y celebramos las tres décadas del Congreso Nacional Indígena y el caminar de la resistencia que se ha traducido en la construcción de autonomías reales, en la organización comunitaria y en la defensa dela memoria como herramientade lucha”.

En tanto, Elia Avendaño Villafuerte, especialista en derecho indígena y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que los Acuerdos de San Andrés son “un documento político, no jurídico, dirigido a la instauración de un nuevo pacto social, que significa una nueva Constitución para regular una nueva relación de los pueblos indígenas con el Estado mexicano”, lo que no ha ocurrido.

Agregó que “su cumplimiento nunca ha sido un problema jurídico, porque la mayoría del contenido de los tratados suscritos el 16 de febrero de 1996, forma parte de los derechos contemplados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, firmado en 1990”.

Al participar en la última jornada del Encuentro de historias y memorias a 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas y el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, precisó que “no es un asunto meramente jurídico porque después de su suscripción fueron formalmente incluidos los pueblos indígenas en el artículo 4 de la Constitución de 1992, por lo que los derechos indígenas ya eran obligatorios, pero existía el pretexto de que los instrumentos internacionales de derechos humanos estaban por debajo de la Constitución”.