Tlaxcala, Tlax., Pese al anuncio del gobierno federal de otorgar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz blanco, productores tlaxcaltecas reanudaron los bloqueos carreteros, pues consideran que esa cantidad es insuficiente para compensar los costos.

Ayer, desde temprana hora, los labriegos volvieron al entronque Francisco I. Madero de la vía federal México-Veracruz, en Nanacamilpa, y la autopista de cobro Arco Norte, a la altura de Calpulalpan, puntos que cerraron el viernes.

Asimismo, en sus redes sociales, los también integrantes del movimiento nacional conformado para la defensa del campo, dieron a conocer que tienen cosecha sin vender desde noviembre pasado. Reclamaron que “ven su patrimonio desmoronarse”, pues “las matemáticas del escritorio no son las del campo”.

“Anuncian con bombos y platillos un esquema de 950 pesos por tonelada, pero la realidad en el surco es una sentencia de quiebra”, porque el costo de producción real es de al menos 7 mil 200 pesos por tonelada y el precio en el mercado es de 4 mil 700.

Los productores cuestionaron “¿dónde está el precio justo?”, mientras las grandes empresas compran “a precios de hambre” y el productor “absorbe las pérdidas”, por lo que trabajar la tierra no es un negocio sino “un sacrificio que nos está llevando a la bancarrota”.

Expusieron que un sistema que no garantiza el costo de producción “le da la espalda al sector primario”; sin soberanía alimentaria “no hay transformación y sin precios de garantía no habrá quién siembre mañana”.

Exigieron al gobierno federal que asuma su responsabilidad, pues “no queremos migajas”. También pidieron mejores condiciones para seguir con la producción de alimentos.

La protesta comenzó el viernes en demanda de que la Federación, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Alimentación para el Bienestar, cumpla el acuerdo firmado el 18 de diciembre pasado, en el que se estableció la colocación de un volumen de 20 mil toneladas en el centro de acopio Las Luciérnagas, en Nanacamilpa.

Los manifestantes defendieron que su movimiento, iniciado casi a finales de 2025, en demanda de un mejor precio de garantía al maíz, es legítimo y pacífico. De la misma forma, pidieron mayor seguridad en carreteras para los transportistas de carga que trasladan los productos a lo largo y ancho del país.