En Instituto de Verificación Administrativa (Invea) colocó sellos de suspensión de actividades en el edificio Isabel, propiedad de la Fundación Mier y Pesado, donde se realizaban obras sin autorización para modificar los departamentos de un inmueble catalogado por su valor histórico.

Habitantes del edificio denunciaron que la fundación empezó con los trabajos de construcción en las viviendas que fueron desalojadas con la finalidad de modificar estructuralmente el conjunto para iniciar un modelo de casa dúplex, lo que aumentará la densidad habitacional, la carga hídrica del edificio y fomenta la especulación de la vivienda ante la proximidad del Mundial del Futbol.

Los quejosos señalaron que las obras representan un riesgo, tanto por el valor patrimonial del inmueble como el derecho a la vivienda de sus residentes. Además, el edificio es parte fundamental del tejido social e histórico de Tacubaya.

El inmueble, localizado en los números 119 y 121 de la avenida Revolución, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, está catalogado y protegido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal). Además, se encuentra dentro del polígono del programa parcial de desarrollo urbano Zona Patrimonial de Tacubaya, por lo que está sujeto a la norma general de ordenación 4, que corresponde a las áreas de conservación patrimonial, cuyo objetivo es salvaguardar el entorno urbano, arquitectónico y ambiental, así como proteger y conservar el acervo histórico y cultural.

La norma establece que toda intervención en inmuebles ubicados en ese tipo de suelo debe contar obligatoriamente con autorizaciones específicas de la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, así como respetar las características arquitectónicas, volumétricas y estéticas originales de la construcción y su entorno, lo que no se realizó, señalaron los vecinos.

Hace una semana, habitantes del edificio denunciaron que desde noviembre del año pasado la Fundación Mier y Pesado inició un desalojo silencioso al imponer aumentos ilegales en las rentas para obligar a las familias a salir de los 64 departamentos, mientras a algunos les notificó que sus contratos no serían renovados; posteriormente arrancaron los trabajos para la modificación de los departamentos.