Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General en contra del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, por “faltas administrativas graves” relacionadas con la concesión del Parque Lira a particulares para montar el espectáculo Alicia en el país de las maravillas.

Cecilia Vadillo Obregón y su compañero de bancada Víctor Hugo Romo Guerra señalaron que el titular de esa demarcación sigue sin hacer público el expediente del contrato correspondiente que suscribió con las empresas Let's Go y Fever, aun cuando el Legislativo aprobó el jueves antepasado un punto de acuerdo en el que se le dieron 72 horas para hacerlo público y remitir una copia al Congreso.

La legisladora recordó que el mismo funcionario señaló que la alcaldía obtendría una contraprestación de 4.1 millones de pesos, contra una ganancia de más de 120 millones que los organizadores esperan obtener.

“El alcalde pretende dar un uso lucrativo, arbitrariamente, a un bien público considerado patrimonio cultural urbano”, y aclaró que no están en contra de la cultura ni de los espectáculos, “estamos en contra de la privatización encubierta del espacio público y del uso discrecional de bienes que pertenecen a todas y todos”.

Explicó que en el escrito se advierte que los hechos denunciados podrían encuadrar el delito de peculado, por el “aprovechamiento de un bien público en beneficio de terceros sin sustento jurídico”.

Se pide además al Órgano de Control Interno del gobierno central verificar la legalidad del convenio firmado y revisar los dictámenes técnicos, ambientales y patrimoniales correspondientes, así como determinar si existió beneficio indebido a particulares e implementar, en su caso, medidas preventivas para proteger el parque.

Por otra parte, la Comisión de Quejas del Instituto Electoral local determinó el inicio de un procedimiento especial sancionador en contra de diputado Romo Guerra por persistir en el incumplimiento de la medida cautelar que se le ordenó dentro de una queja por violencia política en razón de género, consistente en el retiro de una publicación en sus redes sociales.

El acuerdo refiere que aunque fue debidamente notificado y requerido en varias ocasiones sin atender la medida cautelar, por lo que se le impuso una amonestación y tres multas por 50, 60 y 50 veces la unidad de medida y actualización (117.31 pesos a su valor actual), el legislador persiste en el incumplimiento.