La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados adelantó que aprobará la reforma propuesta por el Congreso de Chiapas para que a los cuerpos policiacos de los estados se les permita portar y usar armas de uso exclusivo del Ejército, para que puedan hacer frente al crimen organizado, pero incluirá ajustes a fin de precisar que el permiso estará sujeto a la capacitación y certificación de los elementos por la Secretaría de la Defensa Nacional.

En una iniciativa que presentó para delimitar los permisos a esa regla, la presidenta de la comisión, Jessica Saiden Quiroz (Morena), indicó que el objetivo es “garantizar la capacidad de respuesta de las policías estatales ante la criminalidad con alto poder de fuego”.

En el texto del proyecto de reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Saiden Quiroz alertó que en México “persiste un problema de asimetría operativa que se ha agudizado en diversas regiones del país: la expansión de organizaciones criminales que emplean dicho armamento de alto poder, mayor capacidad de fuego y mayor alcance”, mientras las policías locales carecen de esas herramientas.

Lo anterior, lamentó la diputada yucateca, genera “un círculo de impunidad y debilitamiento institucional: se elevan los riesgos para el personal y para terceros, se limita la respuesta proporcional del Estado y se dificulta la contención de delitos de alto impacto que afectan la vida, la integridad y el patrimonio de las familias”.

Para autorizar el uso de dicho arsenal a las policías estatales, puntualizó, debe existir “necesidad operativa acreditada” y cumplir diversos requisitos, entre ellos una solicitud formulada por la autoridad competente; la certificación individual vigente del personal operativo al que se asignará el armamento, y la determinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el cumplimiento del objetivo que originó la solicitud.

La diputada planteó agregar en los artículos transitorios que las autoridades solicitantes pueden celebrar convenios para la donación, asignación o comodato de armamento, y que la Defensa debe capacitar a los elementos en el manejo, seguro y custodia de dichos implementos.