Viernes 20 de febrero de 2026, p. 11
La Coordinación de Atención a la Movilidad Humana capitalina lanzó ayer un ultimátum a los más de 200 migrantes que habitan en el campamento irregular, ubicado en la colonia Vallejo, para ser reubicados en albergues, pues de lo contrario serán desalojados de este espacio que se desmantelaría a las 5 de la mañana de hoy .
Al igual que en los dos operativos de abril y diciembre del 2025, las autoridades alegan asuntos de seguridad y de protección civil.
De nueva a cuenta, ayer desde las 9 de la mañana, personal de esta institución del gobierno de la Ciudad de México acudió al asentamiento para decirles a los migrantes que tienen que desalojar sus ranchitos y que serán trasladados a los albergues Vasco de Quiroga, en Tepito, y del Bocanegra (hotel Marina), en Peralvillo.
“En los operativos anteriores se hacían invitaciones para ir de forma voluntaria a los albergues, pero hoy sí hablamos de desmantelamiento total del campamento”, confirmó Temístocles Villanueva, titular de la coordinación.
Entre las personas extranjeras que habitan el campamento –el único que sobrevive tras el desmantelamiento de los otros dos más grandes: Central del Norte y Plaza La Soledad– hay zozobra porque pueden perder sus escasas pertenencias, como electrodomésticos, y herramientas para autoemplearse, y particularmente sus trabajos en las zonas cercanas. Su hijos también serán afectados a nivel educativo, pues al menos 66 niños acuden a la escuela, desde preescolar hasta secundaria.
Lorena, venezolana que lleva más de un año viviendo en el campamento ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, expresó su temor por el operativo: “nos dijeron que el aviso es para no perder nuestros documentos al momento del desalojo, pero no aclararon si guardarán nuestras cosas o las echarán a la basura”.
Sobre el ofrecimiento de reubicarlos en los albergues, algunas de los extranjeros que ya han sido llevados en otras ocasiones a esos lugares, afirmaron que se han regresado porque consideran que los espacios no son adecuados.
Julián, originario de Honduras y cuyo nombre es ficticio para proteger su identidad, pese a llevar casi dos años en el campamento descartó regresar porque no son seguros.
“Tienes que cuidarte todo el tiempo y los horarios son muy estrictos, sobre todo por los turnos laborales que duran más de 12 horas. Las disposiciones no nos permiten cumplir con el reglamento”, reprochó.
En el campamento, que está por cumplir tres años, viven poco más de 230 personas, casi la mitad de ellos son infantes y 10 recién nacidos, que provienen de Venezuela, Honduras, Colombia, Ecuador, entre otras nacionalidades. De ellos, 170 son solicitantes de refugio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.












