Los límites a las pensiones de ex funcionarios públicos que propondrá el próximo lunes la presidenta Claudia Sheinbaum mediante una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución no serán retroactivos; por tanto, sería “saludable” dictaminar esos derechos adquiridos, así como determinar su sustento legal, consideró Alfonso Raya, ex diputado de cuatro legislaturas y especialista en seguridad social.

“No es retroactiva(la reforma). Por tanto, la persona que gana un millón de pesos, por ejemplo, seguirá ganando el millón de pesos. No se puede aplicar retroactivamente lo aprobado. Pueden auditarse las pensiones para revisar si están bien dictaminadas y, en función de eso, discriminar e incluso sancionar. Pero se requiere voluntad para hacerlo”, comentó en entrevista.

Raya planteó que si bien, de aprobarse la iniciativa, ningún funcionario podrá tener una pensión que exceda 50 por ciento de la remuneración neta del Ejecutivo Federal, no se ha definido alguna corrección para quienes han recibido jubilaciones millonarias.

“Ya tienen derechos adquiridos. Todos se van a amparar, aun si la Corte está a favor, tendría que cometer una serie de abusos y hacer prácticamente un fraude a la propia Constitución para sacar resoluciones”, mencionó el ex legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Para Miguel Alonso Raya, investigar las bases legales con que se otorgaron esas pensiones sería “muy saludable”. Primero para saber quiénes son los que tienen esas jugosas pensiones de las que se habla y cuál es la base legal para que disfruten de ellas, o hacer una investigación y conocer si tiene sustento legal lo que están recibiendo de pensión”, mencionó.

“Si no tiene sustento legal o hubo maniobras o recomendaciones, algo se brincaron o violaron alguna norma. Ahí estaría una oportunidad de corregir algunas cosas”, manifestó.

El costo de la impunidad

Para Gustavo Leal, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, si se fija un tope de 70 mil pesos a las pensiones, aún serán mayores a las que cobran los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que son de alrededor de 33 mil pesos. “Es el altísimo costo de la impunidad con que se manejaron los sistemas pensionarios durante todo el neoliberalismo”, señaló.

Destacó que si esos ex funcionarios deciden ampararse para mantener sus pensiones, exhibirán sus nombres y los de aquellos que autorizaron esas cantidades.

“ Si, por ejemplo, se abrieran los nombres que están en el caso de Luz y Fuerza del Centro –no sólo el del funcionario que recibe un millón mensual, sino la cantidad de ex funcionarios que están encima de 100 mil pesos mensuales–, veríamos cómo se pagaban favores, la impunidad con que operaban”, comentó el investigador.

Los especialistas coincidieron en que el país enfrenta problemas delicados en el sistema de pensiones de los estados, por lo que el asunto ya debería estar sometiéndose a estudio, orden y transparencia.