La Secretaría de Gobernación (SG) publicó ayer el protocolo nacional para la activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, en el que se indica que las fichas sobre las personas desaparecidas se remitirán de manera “inmediata, automatizada y simultánea” a las autoridades competentes para esa labor.

También se establece la difusión de datos en medios de comunicación electrónicos y hasta en cajas de leche; no obstante, no se aclaran los parámetros para elegir los casos que se difundirán ni su alcance.

Colectivos señalaron que es un avance, pero expresaron dudas sobre su correcta aplicación.

“En el papel luce bien, pero hay que ver que realmente se cumpla”, dijo Martha Miranda, madre buscadora e integrante del colectivo Luciérnagas y Rastros de Amor. Explicó que en los procesos anteriores, para empezar mecanismos de rastreo se han reportado constantes omisiones, las cuales confió en que se solucionarán con esta alerta, pero advirtió que no hay garantías de que se informe a los familiares de manera constante sobre el avance de las acciones de búsqueda.

Por su parte, Grace Fernández, activista y hermana buscadora, subrayó que en los foros que realizó el año pasado la SG, se acordó un compromiso para dialogar con los colectivos para aterrizar los lineamientos de la Alerta Nacional, pero nunca se realizó ese acercamiento.

“El compromiso era que se iba a trabajar con las víctimas. Porqué, así como nos sentaron por muchos días para hablar del protocolo homologado, ¿no pudieron hacerlo para la Alerta Nacional?, cuando no sólo es un tema preventivo, sino de acciones directas de búsqueda. Todo lo que sea para las víctimas se debe construir con ellas”, apuntó.

En el protocolo difundido en el Diario Oficial de la Federación se indica que “la alerta permanece activa indefinidamente hasta la localización confirmada de la persona”, y no existe caducidad temporal.

Para darle inicio, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) remitirá la ficha “de manera inmediata y automatizada” mediante el listado de correos electrónicos de asignación a las fiscalías especializadas, comisiones locales de rastreo, autoridades y entidades de los tres niveles de gobierno, así como a los sectores privado y social. Las fichas deberán incluir el nombre completo, fotografía reciente y datos de la persona ausente.

“En el caso de empresas de producción de alimentos o lácteos a las que se les remita la ficha de búsqueda, deberán difundirla por los medios más convenientes para las mismas, ya sea de forma física o digital”, agrega.

Sobre la publicación por medio de firmas de telecomunicaciones, señala que las televisoras y radiodifusoras deberán transmitirlas “en espacios visibles y preferentemente en horarios de alta audiencia”.

Además, se contempla enviar la información a instituciones financieras; servicio de transporte terrestre, aéreo y marítimo; empresas del sector de turismo; restaurantes, tiendas de conveniencia; cadenas de autoservicio, a los sistemas de salud y centros de atención de adicciones o rehabilitación privados.

Los servidores públicos y particulares que incumplan con las obligaciones previstas en el protocolo serán sancionados conforme a la ley en la materia, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

Destaca que el protocolo será evaluado al menos de manera semestral por la CNB, mediante mecanismos de participación con familias de desaparecidos.