La Cámara de Diputados aprobó ayer, sin cambios, la reforma para ampliar la definición de abuso sexual, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la cual se estableció que el silencio o la falta de resistencia por parte de la víctima no puede interpretarse como consentimiento. No obstante, el pleno avaló la reducción de los años de prisión a quien cometa dicho ilícito, luego de que la mayoría consideró que las agravantes pueden “compensar” el ajuste de la pena.

La minuta que el Senado ya había aprobado la semana anterior –mediante la cual se modifican los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal– fue confirmada en el pleno de San Lázaro por 431 votos a favor, de todos los grupos parlamentarios.

Los morenistas Julio César Moreno y Julieta Vences, presidentes de las comisiones de Justicia e Igualdad de Género, explicaron en la tribuna que la propuesta amplía el concepto de abuso sexual para definirlo como “cualquier acto sexual realizado sin consentimiento”, lo que incluye tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.

Uno de los puntos más importantes de la iniciativa, recalcaron, es prever que “el consentimiento debe ser libre, voluntario y plenamente válido”, y, por ende, no existe cuando la voluntad “ha sido anulada o viciada mediante violencia, intimidación, engaño, amenazas, abuso de confianza, abuso de autoridad o cualquier situación de vulnerabilidad”.

La implicación de ello, resaltaron, es que “el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física jamás podrán interpretarse como consentimiento”. Además, el abuso sexual será perseguido de oficio.

Sin embargo, la minuta redujo la pena de cárcel vigente, que es de seis a 10 años, a una de tres a siete años, decisión objetada por la bancada del Partido del Trabajo, que anunció la presentación de una iniciativa para incrementar la sanción carcelaria. Los petistas decidieron no presentar una reserva para no retrasar las modificaciones, pues cualquier cambio obligaría a devolver el dictamen al Senado.

El argumento para reducirla es que el Congreso no puede “caer en el populismo punitivo”, pero también se planteó que, con las agravantes, la pena puede incrementarse, punto en el que estuvo de acuerdo Margarita Zavala (PAN), quien señaló que sí compensa “poner agravantes claras”.

Aplicable en la realidad

Si bien todos los oradores se pronunciaron en favor de la iniciativa, legisladoras de oposición advirtieron que, si no se garantizan los recursos presupuestales suficientes, esta reforma no será aplicable en la realidad.

Ariana Rejón (PRI) admitió que la reforma “sí es un paso, pero no basta. No podemos seguir romantizando cuando no se asigna presupuesto. No podemos seguir legislando sin presupuesto, mientras faltan ministerios públicos, peritajes oportunos, refugios, asesoría jurídica y atención sicológica real”.

En el mismo sentido, la panista Ana María Balderas recalcó que se necesita presupuesto suficiente para contar con agentes del Ministerio Público bien capacitados y que actúen con perspectiva de género. “Sin fortalecimiento institucional, cualquier reforma corre el riesgo de quedar en el papel. Esta reforma requiere presupuesto, porque México vive una pandemia de violencia sexual”, apuntó.