n parte por los cotidianos escándalos de insuficiencia judicial, como el de los secretarios explicándole a su titular qué hacer por whatsapp, en plena audiencia oral, o el señalamiento de audiencias federales con un año de retraso, entre otros; en parte por el ingreso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del trámite presentado contra la reforma judicial y los cambios a la Ley de Amparo; en parte por el inocultable sentido político de las resoluciones, como la sentencia de la suprema corte que validó la reducción del aguinaldo a pensionados en Zacatecas, por la falta de fondos (“sostenibilidad financiera”) del instituto local; en parte por la cercana certificación internacional en lavado de dinero y conexos; en parte por los jueces amigos de gobernadores, con poca capacidad, como se afirma en el senado; en parte por el señalamiento de la justicia laboral en el T-MEC; en parte por las imputaciones de Trump de un narcoestado mexicano; y, sobre todo, por el descontento de los usuarios, se habla ya de suspender la elección judicial del 2027. También de regresar a la carrera judicial como parámetro para ser juzgador.

A reserva del alcance que tenga la solución de la CIDH, este cambio también debe beneficiar a los juzgadores que fueron cesados o que se jubilaron por la tómbola senatorial judicial. Deben quedar en iguales condiciones que quienes hubieran salido en 2027 de la función judicial. Lo contrario sería inequitativo, pues si aquellos optaron por la jubilación o dejaron de laborar fue por el escenario político-constitucional del momento, no porque hubieran cometido alguna falta para ser separados del cargo. Se les debe regresar al trabajo. Y exigirles una mayor participación social, con autonomía resolutora.

Los políticos fallaron como juzgadores y la reforma judicial ha impactado en la mínima inversión y en el “crecimiento negativo” de la economía. Es mejor gobernante quien rectifica para mejorar, que quien insiste en el error, en contra de las evidencias y el propio descredito.