éxico necesita construir más infraestructura, pero también reconocerla como un derecho constitucional. Las obras públicas no son un privilegio ni una concesión política: son el soporte material que permite ejercer derechos como salud, educación, movilidad, trabajo y seguridad. Sin infraestructura, esos derechos son promesas vacías.

El Derecho a la Infraestructura debe estar en la constitución: determina la cohesión territorial, la equidad material y la competitividad del país. Su ausencia o deterioro afecta a todos. Este derecho impone al Estado obligaciones: garantizar el acceso universal, desarrollar obras adecuadas, mantenerlas funcionales y permitir la vigilancia ciudadana en su gestión.

Debe distinguirse entre el Derecho a la Infraestructura como propósito constitucional, y el Derecho de la Infraestructura, como el desarrollo de los instrumentos técnicos y normativos para lograrlo. El primero fija el porqué; el segundo, el cómo.

La infraestructura tiene un carácter intergeneracional; su abandono o corrupción no son simples fallas administrativas, lesionan el derecho de generaciones futuras. La sostenibilidad no es solo ambiental, sino jurídica y de transparencia.

Elevado el derecho a la infraestructura como derecho constitucional, dejará de depender del ciclo político y será política de Estado: el progreso del país no será temporal, sino estructural.