artin Luther King predicó: “Aunque la aplasten contra el suelo, la verdad se volverá a levantar. ¿Dentro de cuánto? ¡A corto plazo! Ya que ninguna mentira puede vivir para siempre. ¿Dentro de cuánto? ¡A corto plazo!... La verdad siempre en el cadalso, el error siempre en el trono. Sin embargo, ese cadalso gobierna el futuro y detrás de la profundidad desconocida está Dios dentro de la sombra, vigilando lo que es suyo. ¿Dentro de cuánto? ¡A corto plazo! Porque el arco del universo moral es largo, pero se curva hacia la justicia”. Y como la memoria no prescribe y el dolor no cesa, los integrantes de la Organización Familia Pasta de Conchos, todos parientes directos de los 65 mineros caídos en Pasta de Conchos y demás familias, se preguntan de pie, no se han rendido, por la verdad de lo ocurrido, por la verdad aplastada contra el fondo del socavón, a 20 años del siniestro. Los hijos e hijas huérfanos, los nietos y nietas que ya no conocieron a su abuelo minero, las madres y padres sobrevivientes a la tragedia o las viudas urgen saber lo que, verdaderamente, segó la vida de sus seres queridos. Es un derecho.

En su análisis de la falta de debida diligencia y debido proceso en el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (64/2008) consideró que las omisiones del Ministerio Público se tradujeron “en actitudes tolerantes que propician la impunidad de los probables responsables” y concluyó: “Al abstenerse de realizar las diligencias que se requerían para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados, la representación social obstaculizó la posibilidad de contar con elementos idóneos que ayudaran a mostrar la forma en que los hechos tuvieron lugar en la realidad”. Por lo tanto, debido a la falta de debida diligencia mencionada, nos encontramos ante un retardo injustificado, toda vez que ya transcurrieron 20 años de los hechos, sin que se haya ejercido acción penal y sin que se hayan realizado investigaciones tendientes al descubrimiento de los victimarios. Así, el acceso a la verdad y la justicia se ha constituido en un cadalso injusto e insoportable.

El Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) conceptualizó la década panista (2000-2010) como violencia laboral de Estado, un decenio perdido para los derechos humanos laborales y contexto imprescindible para juzgar lo ocurrido. Los panistas le llamaron nueva cultura laboral. Violencia entronizada la noche del siniestro del 19 de febrero de 2006: 36 mineros subcontratados ganaban de 300 a 400 pesos por día, el presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social destinado a inspección en el trabajo cayó de 4.8 por ciento a 0.8 por ciento de 1994 a 2004, 208 inspectores para 32 delegaciones federales contra 332 del año 2000.

La mina era un cadalso simulado como centro de trabajo: 25 de 27 argumentos de Familia Pasta de Conchos ante la Organización Internacional del Trabajo no fueron refutados, por lo que el organismo internacional concluyó en 2009 “que el gobierno de México no hizo todo lo que razonablemente podía esperarse que hiciera para evitar o reducir al mínimo los efectos devastadores de lo que causó la muerte de los 65 mineros”, mientras la familia de Germán Larrea, propietaria de Industrial Minera México, dueña de la mina 8, ostentaba una riqueza estimada en 8 mil 226.8 millones de dólares ( El Financiero, 2011; Forbes, 2012).

A la fecha hay 25 mineros rescatados, 23 de ellos entregados a sus familiares como parte fundamental de la reparación debida. Nos faltan 38 de los 63 originales, por lo que las familias mineras demandan que se mantenga el compromiso del Estado por rescatarlos a todos y por hacerlo de manera segura para quienes entran a diario a la mina para las labores de rescate. Y demandan se determine, por las autoridades competentes, Fiscalía General del Estado de Coahuila y Fiscalía General de la República, los motivos del colapso de la mina y se esclarezcan los hechos, ¡a corto plazo! Sólo así, los familiares podrán concluir su duelo, digna y debidamente. Sólo la verdad tensa el arco del universo moral hacia la justicia, en la fe de Martin Luther King.

De la misma forma, la satisfacción del derecho a la verdad arrojará elementos para adoptar a cabalidad las medidas a fin de evitar que estos hechos vuelvan a repetirse y para sancionar conforme a la gravedad de lo ocurrido, mediante el simple ejercicio de las facultades legales que el orden legal mexicano confiere a las autoridades estatales y federales. Que cese el dolor de la Carbonífera es lo que podemos esperar luego de 20 años de lucha, lo que debe incluir el cese del ecocidio, la remediación de millones de toneladas de desechos de carbón, acumuladas en los pueblos y alrededores como pasivo ambiental (y que Grupo México pague lo que debe en Sonora). ¡A una voz, rescate ya!

A la memoria de Francisco Linares, minero y fotógrafo

* Promotor y defensor de derechos humanos laborales