oy se cumplen 20 años de uno de los hechos más desafortunados y sombríos de la historia moderna mexicana: la tragedia de Pasta de Conchos. En esta mina sucedió una fatalidad que arrebató la vida a 65 trabajadores mineros. Pero el desastre no terminó ahí: dos décadas después, las familias siguen pidiendo justicia, pues no todos los cuerpos han sido recuperados ni la empresa se ha hecho plenamente responsable, gozando aún de total impunidad. Desde el principio se negó a asumir su culpabilidad, al suspender, con ayuda del entonces gobierno panista, las labores de rescate tan sólo cinco días después. Lo más grave es que permanecieron interrumpidas durante años, dejando a 63 compañeros mineros en el subsuelo, ya que sólo dos cuerpos fueron recuperados en los primeros meses.

Así, Pasta de Conchos se ha convertido en un lamentable caso de corrupción, impunidad y pacto traidor que gobiernos anteriores establecieron con una alta clase empresarial corrupta y vil. Lo que aconteció en San Juan Sabinas, Coahuila nos invita a recordar que ni el entonces presidente, Vicente Fox, ni Grupo México, y su dueño Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, acudieron a la mina para dar consuelo o respuesta a las familias, ni asistir en las labores de búsqueda. En su lugar, hicieron todo lo posible por tapar la tragedia bajo un velo de indiferencia y olvido a sólo 120 metros de profundidad. Ese acto de impunidad no debe olvidarse jamás, no podemos permitir que vuelva a suceder ni en México ni en ningún otro lugar del mundo. La catástrofe de Pasta de Conchos es una muestra clara de la actitud prepotente, arrogante y de completa negligencia criminal con que actuó la empresa. Esta complicidad, el contubernio entre gobiernos y empresas, entre el poder político y el económico, vino a normalizar pésimas condiciones en las relaciones laborales. La autoridad fue tolerante con la empresa y hoy, 20 años después, no se ha podido concluir el rescate ni brindar justicia plena.

Desde el inicio, los trabajadores habían denunciado graves deficiencias de seguridad en la mina: falta de ventilación adecuada, acumulación de gas metano y carencia de equipos esenciales para proteger la vida de los mineros. Aunque la empresa sostuvo que la mina era segura, investigaciones y testimonios posteriores indicaron que las condiciones eran precarias y peligrosas. A los pocos días del siniestro se clausuró la mina con apoyo de fuerzas federales y estatales, cerrando las labores de búsqueda. Durante casi cinco años, se ha seguido el plan de rescate propuesto por Grupo México sin que pudiera consolidarse y con un costo elevadísimo. Todo avance encabezado por el Sindicato Nacional de Mineros, apoyado por un grupo de rescatistas e ingenieros serios, responsables y prestigiosos, fue suspendido arbitrariamente y con una actitud que evidenció la indiferencia de la clase empresarial mexicana.

Es inaceptable y profundamente negativo para la cultura laboral que las empresas protejan sus intereses a costa de la vida de las y los trabajadores. La responsabilidad de garantizar la seguridad en el trabajo corresponde a las empresas, como lo establecen la Ley Federal del Trabajo y la Constitución; resulta que en dos sexenios panistas y uno priísta una empresa de la magnitud de Grupo México tuvo absoluta impunidad y tolerancia del Estado, en detrimento de los compañeros mineros que perdieron la vida y de sus familias. Es evidente que, de cumplirse la ley, en tragedias como ésta se buscarían responsables y éstos enfrentarían consecuencias legales y penales.

La tragedia trastocó las relaciones laborales y desató un conflicto que incluyó la persecución política que padecí, junto con mi familia, y que me llevó al exilio. Resulta inadmisible que en el primer grupo minero del país, encabezado por uno de los empresarios más acaudalados de México, se haya optado por abandonar a los trabajadores en vez de redoblar los esfuerzos para rescatarlos. La falta de ética y cobardía de propietarios, accionistas y miembros del consejo de administración ha quedado evidenciada durante estos años; se ha preferido sepultar la tragedia con rapidez. Pero desde el Sindicato Minero acompañamos a las viudas, a las familias y víctimas de esta empresa: resistimos y seguimos alzando la voz, denunciando las irregularidades en este proceso, de tal suerte que los nuevos trabajos de rescate han recuperado algunos cuerpos, cuyo análisis forense contraría las versiones iniciales.

Si bien se dijo que había habido una explosión devastadora e incendios incontrolables, varios de los cuerpos rescatados fueron hallados íntegros, con sus equipos de trabajo, sus botas y cinturones para las lámparas. Eso refuerza la convicción de que hubo derrumbes, pero también que la empresa construyó una narrativa para justificar la suspensión de los trabajos. La diferencia con lo ocurrido en 2010 en la mina Mina San José, cerca de Copiapó, Chile, donde 33 mineros fueron rescatados con vida tras 69 días de confinamiento a 750 metros de profundidad, demuestra que cuando existe voluntad política y empresarial, es posible actuar con responsabilidad y solidaridad. Pero cuando esas voluntades faltan, se pierden vidas, como en Pasta de Conchos.

Ante este desafortunado escenario, hice tres propuestas fundamentales: el rescate inmediato de los trabajadores; una investigación objetiva, autónoma y neutral que determinara las causas y sancionara a los responsables con todo el peso de la ley; y, en caso de fallecimiento, una indemnización justa y digna para las familias. Además, impulsé la propuesta de una ley que incluyera en los delitos penales el homicidio industrial, para que la responsabilidad empresarial no se diluyera en trámites administrativos.

Hoy, tras una larga y dolorosa historia, esta última iniciativa continúa su curso en la Cámara de Diputados. Lo que se busca es fortalecer el marco legal para que la obligación empresarial de garantizar la seguridad no quede en letra muerta y que, cuando la negligencia derive en muerte, existan consecuencias penales claras. Se trata de transformar el mundo laboral en uno más justo y digno, donde la vida de las y los trabajadores valga más que cualquier ganancia, utilidad o balance financiero.

Si bien en años recientes el Estado mexicano retomó la búsqueda de los restos y se han recuperado varios cuerpos –algunos identificados y entregados a sus familias–, el proceso aún no concluye. Cada hallazgo confirma que la reparación ha sido tardía y parcial, y que el duelo de las familias se ha prolongado innecesariamente. Pasta de Conchos es el testimonio de cómo la corrupción y la impunidad pueden imponerse sobre la dignidad humana cuando el poder político y el económico actúan en complicidad. Es también la afirmación de un principio profundo de la ética minera: un minero nunca abandona a otro. Mientras falte un cuerpo por recuperar y una responsabilidad por fincar, la exigencia seguirá vigente.

Pasta de Conchos no se olvida y no se puede abandonar. Porque no puede existir justicia si no es para todas y todos, y porque sólo cuando la ley alcance a quienes, por acción u omisión, pusieron en riesgo la vida de 65 trabajadores, podrá decirse que México ha comenzado a saldar esta deuda histórica con su clase trabajadora.