Guadalajara, Jal., El Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala, acompañado por cuatro colectivos y habitantes de comunidades cercanas al cuerpo de agua, reprochó la falta de información por parte del gobierno estatal sobre el proyecto ejecutivo y los alcances de la construcción de un segundo acueducto, con el que se pretender extraer líquido de la laguna para enviarlo a Guadalajara.

Ante la negativa sistemática de la Comisión Estatal del Agua (CEA) a proporcionar información detallada de la obra, las agrupaciones tramitaron un amparo enel Poder Judicial para exigir que cese la opacidad y se respete el derecho humano a la información ambiental.

En conferencia de prensa en la plaza de armas el frente, junto con la Sociedad Amigos del Lago de Chapala, la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio, así como la Red de Mujeres de Jalisco Defensoras del Agua y el Territorio, además del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), afirmaron que el gobierno estatal prioriza una discusión técnica de infraestructura sobre un modelo de gestión integral que considere al lago como un ser vivo.

Amagan con manifestarse durante el Mundial

Advirtieron que de no haber respuesta formal se manifestarán durante el Mundial de Futbol, del cual Jalisco es una de las tres sedes en México, pues tienen más de un año buscando información fehaciente que permita aportar sus puntos de vista como directos interesados.

El conflicto central radica en la clasificación de información como “reservada” por parte de la comisión del agua de la entidad, pues luego de tres solicitudes presentadas por el Imdec, la autoridad estatal negó el acceso al proyecto ejecutivo para la construcción de la infraestructura del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara: línea de conducción, obra adjudicada en junio pasado.

La comisión del agua justificó esta opacidad en el oficio CEAJ/DJ/UT-07/2026, alegando que la difusión de los datos comprometería la seguridad de la infraestructura y la salud pública, argumentos que las organizaciones consideraron “genéricos” y carentes de una prueba de daño real y verificable.

Los colectivos sostuvieron que esta reserva de información transgrede el artículo sexto constitucional y el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que obliga a México a garantizar el acceso amplio y oportuno a la información ambiental.

Señalaron que ocultar estos datos impide conocer los estudios de extracción, los análisis de impacto ambiental y los fundamentos técnicos que justifican un megaproyecto financiado con recursos públicos.

Para los habitantes de comunidades ribereñas, esta opacidad elimina la posibilidad de un escrutinio social y los coloca en un estado de indefensión frente a decisiones que afectan sus medios de vida como la pesca, la agricultura y el turismo.