El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los institutos nacionales Electoral (INE) y de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) –ya extinto– cometieron presuntas irregularidades por más de 86 millones de pesos en su conjunto, por pago de materiales, suministros y servicios generales, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El organismo revisor del gasto público reportó ayer, en el marco de su tercera entrega de informes individuales de la cuenta pública 2024, que en ese año fiscalizó los gastos del INE en cuatro partidas presupuestales de los capítulos 2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios generales).

Tras sus análisis, logró identificar que el instituto no ha comprobado debidamente el uso de 66 millones 563 mil pesos por gastos en tres rubros. Autorizó pagos por 63.2 millones por servicio de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro para capacitación en el proceso electoral 2023-2024, de los cuales “no se cuenta con la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la prestación del servicio”.

Dijo que también “falta documentación justificativa que sustente y ampare la recepción, uso y destino de un millón 197 mil 579 materiales didácticos relacionados con la elección del Poder Judicial 2024-2025, destinados a supervisores comiciales y capacitadores de asistentes, por un millón de pesos”.

Además, el INE pagó 2.2 millones por el uso de vehículos arrendados para fines distintos al autorizado a los módulos de atención ciudadana, correspondientes a 2 mil 171 días.

La ASF observó que el órgano comicial declaró en 2024 haber recibido en tiempo y forma los paquetes de boletas, materiales didácticos y de simulacro impresos para la elección extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025, cuando en realidad le fueron suministrados hasta 2025. Informó que el instituto gastó en ello 793.9 millones, si bien no realizó observaciones al monto.

Por lo que se refiere al TEPJF, el ente fiscalizador reveló que debe comprobar el uso de 12.1 millones de pesos, también provenientes de los capítulos 2000 y 3000, por la realización de pagos por 12.1 millones “sin los reportes de servicio con la validación del usuario y la evidencia de la entrega de las actividades desarrolladas por los prestadores de trabajos profesionales”.

Además, el Tribunal Electoral autorizó el pago de 5.2 millones de pesos sin contar con la documentación que acredite las labores de limpieza que contrató; de 908 mil pesos “sin la documentación que sustente servicios de fletes y maniobras”, y de 3.6 millones “sin acreditar trabajos de impresión, encuadernación e impartición de cursos, y servicios de acceso a la plataforma Tirant Prime”.

En el caso del INAI, la Auditoría documentó presuntas irregularidades en el uso de 7.3 millones de pesos por pagos a los comisionados del pleno del organismo extinto, sin comprobar sus encargos nacionales e internacionales; además de erogaciones por limpieza, mantenimiento y seguridad que no cumplieron con los requisitos necesarios.