Comerciantes ambulantes retirados el viernes pasado de la Ribera de San Cosme en un operativo de la alcaldía Cuauhtémoc acordaron no volver a instalarse en ese espacio hasta que la organización Pro Diana presente la documentación que acredite que su permanencia en ese lugar se trató de una reubicación de la glorieta de Insurgentes en 2024.

Tras una reunión a puerta cerrada, que encabezó el titular de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP), Adolfo Llubere, con funcionarios de Cuauhtémoc, vendedores y representantes de la organización Pro Diana, se convino realizar una segunda mesa de trabajo el mediodía del viernes.

En una minuta firmada, la organización Pro Diana “se compromete a no instalar sus puestos retirados en la avenida hasta que se esclarezca su situación”, luego de que la alcaldía solicitó que se presente la documentación relacionada con la reubicación de los comerciantes para que la revise la SPARVP.

En tanto, el Congreso capitalino exhortó a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega a que asista a las mesas de trabajo convocadas por el gobierno capitalino para el reordenamiento del comercio en la vía pública y a que tome capacitación en materia de derechos humanos, no discriminación y uso proporcional de la fuerza.

Al presentar el punto, la diputada Diana Sánchez Barrios sostuvo que en los hechos del pasado viernes, más allá de un conflicto por la vía pública, se advierte la falta de capacidad de negociación, experiencia política y sensibilidad social de una funcionaria “motivada por el enojo, la confrontación y el espectáculo”.

Denunció que tras el enfrentamiento, la alcaldesa intentó “allanar” oficinas de la organización Pro Diana en la plaza de Rivera de San Cosme 84, para “buscar criminales”,con lo que usurpó facultades que no le corresponden al actuar como “autoridad investigadora de presuntosactos ilícitos” e informó que presentó una denuncia en su contra.