La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reveló que acu-mula 88 amparos de académicos –entre ellos del ministro Giovanni Figueroa Mejía– y dos acciones de inconstitucionalidad contra la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) de 2023, que impugnan la exclusión de trabajadores de instituciones privadas de los estímulos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Ante ese escenario, el alto tribunal publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo General 1/2026, que ordena a los tribunales colegiados aplazar los amparos en revisión hasta que el pleno de ministros resuelva las acciones de inconstitucionalidad 126/2023 y 128/2023 y fije un criterio general, que evite sentencias contradictorias.

Es la segunda vez que la SCJN adopta una decisión de este tipo. El 11 de septiembre de 2023, el pleno emitió el acuerdo 6/2023, que suspendió los amparos en revisión sobre la misma ley; freno levantado el 15 de julio de 2025, mediante el acuerdo 6/2025.

Los procesos tienen su origen en la LGHCTI, que reconfiguró al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a Conahcyt y, tras reformas posteriores, transfirió sus atribuciones a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) en octubre de 2024.

Discriminación en la IP

El núcleo del litigio se concentra en los artículos 34, 41 –párrafos cuarto y quinto– y el décimo transitorio, que supeditan los apoyos a la adscripción en instituciones públicas; las demandas argumentan que esa condición es inconstitucional porque deja fuera a quienes cumplen con los méritos académicos y trabajan en el ámbito privado, lo que, sostienen, implica un trato discriminatorio.

Por otra parte, el pleno declaró ayer impedido al ministro Figueroa Mejía para participar en uno de los 88 amparos contra la LGHCTI.

El impedimento deriva de que en 2023, cuando era académico, promovió junto con otros 110 investigadores uno de los recursos contra la norma; aunque un juzgado federal les concedió la protección, el Congreso y el entonces Conacyt impugnaron y el caso llegó a la Corte, por lo que Figueroa solicitó apartarse.