El dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de Igualdad de Género, respecto a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, comenzó a circular en la Cámara de Diputados con el propósito de ampliar la definición de abuso sexual y establecer el consentimiento como pieza clave de dicho tipo penal.

El documento señala que en la actualidad, el abuso sexual se tipifica como “la ejecución de actos sexuales no consentidos en una persona, obligar a realizar estos actos para sí o en otro u obligar a alguien a observar un acto de este tipo o a exhibir su cuerpo”.

También se definen actos sexuales como “tocamientos, manoseos corporales obscenos o lo que represente un acto explícitamente sexuales”. La enmienda propuesta por Sheinbaum busca sancionar esas mismas conductas, pero propone definir a los actos sexuales como “los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas”.

De esta manera, se sustituye el término “manoseos” por “caricias” y “roces corporales“, y se agrega la idea de las “exhibiciones”. La iniciativa también subraya que no puede existir consentimiento “cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, abuso de confianza, autoridad o vulnerabilidad”.

Luego de que en diciembre pasado el Senado aprobó la propuesta, la minuta llegó a la Mesa Directiva de San Lázaro, la cual turnó a las comisiones encargadas de su análisis y dictaminación. La iniciativa busca modificar el artículo 260 del Código Penal Federal relativo al delito de abuso sexual, para hacer más exhaustiva y amplia la definición de las conductas sancionadas y fortalecer la protección a las víctimas.

Rechazo al populismo penal

Sobre los castigos, se propone reducir la pena de cárcel por el delito de abuso sexual (sin agravantes), para pasar de la actual sanción de 6 a 10 años, a una de 3 a 7 años; también busca modificar la sanción económica, que actualmente es de hasta 200 días de multa, a entre 200 y 500 veces el valor diario de la UMA. Lo anterior para no caer en el “populismo penal”, es decir, la creencia de que el aumento de las sanciones tiene un efecto automático en la disminución de la comisión de un delito.

La iniciativa establece la obligación de los sentenciados de acudir a talleres reducativos con perspectiva de género y no violencia , y establece 12 agravantes relacionados con aspectos como el que los agresores se aprovechen de su cargo, especialmente si son servidores públicos, o que el ataque se cometa a víctimas especialmente vulnerables.