l equipo de la Secretaría de Salud responsable del intercambio de servicios en la materia dentro del proyecto de un Servicio Universal de Salud (SUS), reduce explícitamente sus expectativas a sólo “formalizar” durante los siguientes cinco años apenas una “integración operativa en “casi todas las áreas clínicas (atención de pacientes”) ( La Jornada, 5/1/26).

Por tal “integración” aluden a sumar intervenciones bajo el modelo de código infarto, atención obstétrica y cáncer de mama. Como señalara la presidenta Claudia Sheinbaum (6/10/25) que “una buena parte de las enfermedades ya no dependa de si eres beneficiario del Issste, IMSS-B o IMSS y puedas atenderte en cualquiera de las instituciones”.

Esta “integración” contempla, pues, unas cuantas enfermedades más, no la atención médica integral que garantizan leyes IMSS/Issste/IMSS-B. Es nuevamente un catálogo de intervenciones restringidas, como ya ocurrió con eso que no era “Seguro” ni mucho menos “Popular”. Además, esta “integración” carece de cualquier estrategia de Atención Primaria a la Salud (APS), pues sólo ofrece “atender pacientes”.

Incluso el equipo responsable de la SSA se ilusiona con que los pacientes “regresarán” a lo público, que en los pasados 30 años han sido “remplazadas” por los consultorios adyacentes a las farmacias.

Ese equipo responsable sostiene también que con la compra consolidada a cargo de la SSA, una plataforma digital y el IMSS-B, que aglutina 24 estados, sin negociaciones individuales, es “factible” consolidar el acuerdo interinstitucional sobre las compensaciones económicas que se pagarán por los servicios otorgados “desde” el primer nivel de atención.

Pero ocurre que en esa compra consolidada el gran problema no es el costo del medicamento que, efectivamente por la compra consolidada se comprará al mismo precio, sino la entera suma del costo de los gastos indirectos y “mano de obra” que exige homologar procesos y prestaciones laborales entre todas las instituciones participantes en el intercambio de servicios de salud.

Es claro que de no materializarse esa homologación, alguna de las instituciones participantes saldrá perdiendo. Por otro lado, la ofrecida plataforma digital aún no existe. Sin duda, de existir, un sistema de expediente interinstitucional, más un sistema sólido de cámara de compensación ayudarían y mucho. Pero ninguno existe todavía.

Además de que el problema de fondo por enfrentar es el costo de los tabuladores y la voluntad política de la SHCP para que se diseñen responsabilidades sobre las instituciones que no paguen o, aquellas normativas precisas para el reconocimiento de adeudos automáticos en la cámara de compensación.

Así que, aún operando plenamente compra consolidada, plataforma digital, cámara de compensación y el IMSS-B con sus 24 estados, se trata de un catálogo de intervenciones restringidas: no la atención médica integral que garantizan leyes del IMSS-Issste e IMSS-B.

En la integración están también Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Pemex, Sedena y Semar. ¿Las Fuerzas Armadas atenderán a civiles?

Igualmente, el equipo responsable reconoce que es un un proyecto que “no se logrará” en el corto plazo porque implica desvincular la atención médica de la condición laboral de los pacientes: “se requiere consenso político, financiero y económico. Es complejo y un proceso operativo de largo plazo”.

Lógicamente no se logrará tampoco ni en el mediano y largo plazos porque sin tocar las leyes neoliberales IMSS-97 e Issste-2007, elude de entrada y no se ocupa del relevante asunto de las diferentes derechohabiencias IMSS-Issste (cuota-obrero-patronal) y la gratuidad en el IMSS-B: no entra al corazón del desafío de un sistema sanitario integrado. Tampoco se logrará porque el proyecto operará con presupuestos históricamente subfinanciados de la red institucional derivando en una atención de las enfermedades cubiertas que pudiera terminar recayendo sobre los de por sí recargados equipos sanitarios institucionales comprometiendo su viabilidad.

El proyecto nace además recargado de un infundado optimismo sobre el impacto de las tecnologías de la información sobre la realidad sanitaria: reglas claras en el intercambio de servicios, costos, verificación de vigencias de derechos, derechos de los pacientes y mecanismos de pago que deposita además bajo la responsabilidad del IMSS y que, en materia de los tabuladores de la caja de compensación, pueden conducir a su desfinanciamiento y a subsidiar con recursos de la cuota obrero-patronal de los derechohabientes a los no derechohabientes. El IMSS, declaran, “antes tenía tarifas tan elevadas que era preferible” enviar pacientes a los privados.

No es un proyecto tecnocrático: busca soluciones al ingente problema de un SUS, pero proviene de un equipo que diseña arriba-abajo como salida única –sobrevalorando el impacto tecnológico– sobre un sector que exige mucho más conocimiento de base, lo cual comprometerá su oportunidad y viabilidad.

* UAM-X