ay momentos en los que el poder deja de avanzar y comienza a replegarse. No lo hace con estruendo ni con anuncios grandilocuentes, sino con silencios, con decisiones abruptas y poco explicadas, con movimientos defensivos que buscan administrar el presente sin atreverse a disputar el futuro. México atraviesa hoy uno de esos momentos. No por falta de legitimidad electoral, sino por agotamiento material, por ausencia de margen y, sobre todo, por una creciente dificultad para procesar el conflicto como parte normal de la política.

Durante años se construyó un proyecto que apostó a la redistribución como eje de legitimidad. Esa apuesta fue socialmente relevante y políticamente eficaz mientras existió espacio fiscal y un contexto externo relativamente benigno. Hoy ese espacio se ha reducido drásticamente. El crecimiento no llegó, la inversión productiva no despegó y la estructura económica sigue dependiendo de factores externos sobre los que el país tiene cada vez menos control. Cuando el margen se acaba, la política deja de ser expansiva y se vuelve defensiva. Ya no se decide hacia dónde ir, sino qué contener primero.

En ese contexto, el gasto social continúa más por inercia que por estrategia. Se sostiene como compromiso moral, pero sin una narrativa económica que lo respalde a mediano plazo. La redistribución sin crecimiento no corrige las fragilidades estructurales; las posterga. Y cuando la realidad fiscal empieza a imponerse, el discurso se endurece, el espacio de deliberación se estrecha y la diferencia entre gobernar y administrar comienza a desdibujarse. Lo que se pierde no es sólo margen financiero, sino horizonte: deja de estar claro para qué se gobierna, más allá de sostener lo ya existente.

El entorno internacional no ofrece refugio. El mundo se ha vuelto más áspero, menos tolerante con las ambigüedades y más exigente con los alineamientos. Las grandes potencias no negocian con símbolos ni con relatos, sino con correlaciones de fuerza. Un país sin estrategia productiva clara, sin política industrial consistente y sin proyecto de largo plazo negocia desde la debilidad, incluso cuando conserva legitimidad interna. La soberanía que no se produce termina administrándose como consigna, y las consignas pesan poco cuando se enfrentan a intereses duros y bien organizados.

Frente a ese panorama, el conflicto interno dejó de verse como motor y pasó a concebirse cual amenaza. La política, entendida como gestión del disenso, fue sustituida por una lógica de control. No se buscan acuerdos que amplíen el campo de acción, sino silencios que reduzcan el riesgo. La pluralidad, que en otros momentos fue fuerza, empieza a percibirse como desorden. Figuras formadas para operar en la fricción y no en el silencio se vuelven incómodas en este nuevo clima. Y cuando eso ocurre, la tentación es neutralizar, no persuadir.

Este repliegue no se expresa sólo en grandes decisiones, sino en gestos cotidianos: remociones sin explicación convincente, cierres prematuros de debates, mensajes contradictorios que revelan más incertidumbre que dirección. No se trata de autoritarismo clásico ni de ruptura institucional abierta. Es algo más sutil y, por ello, más inquietante: la sustitución de la política por la administración del miedo al conflicto.

La paradoja es evidente. Al intentar evitar el conflicto, se lo acumula. Al intentar silenciar las tensiones, se las vuelve subterráneas. Y lo subterráneo, tarde o temprano, reaparece con más fuerza. Ningún proyecto político se debilita por debatir; se debilita cuando deja de saber para qué gobierna. La estabilidad que se obtiene suprimiendo el disenso es siempre frágil, porque descansa sobre la negación de los problemas reales.

Hoy, el país parece moverse en un presente prolongado, sin horizonte claro, con decisiones que buscan ganar tiempo pero no construir futuro. Se administra la escasez, se administra la presión externa, se administra la inconformidad interna. Pero administrar no es gobernar. Gobernar implica asumir costos, ordenar prioridades y aceptar que el conflicto no es una anomalía, sino la materia prima de la política.

El silencio puede ser tácticamente útil, pero no resuelve las tensiones de fondo. Sólo las posterga. Y cuando el poder posterga demasiado tiempo las decisiones estratégicas, termina atrapado en su propia cautela. Gobernar no es evitar el conflicto; es saber hacia dónde empujarlo. Y ese es, hoy, el dilema central del país.