n agosto de 2025 más de 400 personas del Valle de El Ocotito bloquearon alrededor de 10 horas la Autopista del Sol. Exigían que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano brindaran seguridad a las comunidades de San Vicente, El Fresno, Azinyahualco y La Esperanza, por la incursión de un grupo criminal.

Los manifestantes denunciaron que la disputa se libraba en las comunidades de Ixcuinatoyac, Rincón de Alcaparrosa, Agua Hernández y Carrizal del Pinzón, municipio de Chilpancingo. Los pobladores están aterrados por las balaceras que se esparcen en sus viviendas. En Rincón de Alcaparrosa, 10 familias salieron en busca de refugio y una de ellas permaneció escondida. La gente se replegó con el compromiso del gobierno de instalar una mesa de diálogo en la capital del estado. Los acuerdos no fructificaron porque esa misma tarde tuvieron información que un grupo criminal tomaba la comunidad de Zoyatepec. De inmediato la policía estatal se desplegó, pero los pobladores exigieron la intervención del Ejército y la Guardia Nacional (GN).

Una semana después, el 22 de agosto, elementos de la GN, el ejército y la policía estatal llegaron por la tarde en nueve camionetas a la comunidad de Tlayolapa municipio de Juan R. Escudero. Irrumpieron en varios domicilios sin presentar órdenes de cateo. Los pobladores se organizaron para retenerlos y evidenciar su acción temeraria. Bloquearon la autopista con decenas de transportistas de Tierra Colorada. Daniel Rosas Martínez, abogado de los agraviados, aseguró que durante los cateos los elementos de seguridad sustrajeron de sus casas equipos de cómputo, dinero en efectivo, televisores, celulares y piezas de joyería. Los oficiales de la GN, el Ejército y de la policía del estado fueron liberados con el compromiso de darle seguimiento a las denuncias correspondientes.

El 25 de septiembre, los pueblos del Valle de El Ocotito bloquearon por tercera ocasión la misma autopista, por un enfrentamiento que protagonizaron grupos de la delincuencia en Rincón de Alcaparrosa y Coacoyulillo, con un saldo de varias personas asesinadas y heridas. La protesta fue para exigir al gobierno que se deje de tibiezas y complicidades con el crimen organizado.

La inacción de las autoridades afloró el 22 de enero, cuando la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) hicieron pública su alianza para confrontar a los grupos de la delincuencia asentados en la zona Centro, Montaña Baja y la Costa Chica de Guerrero.

Jesús Plácido, líder del CIPOG, denunció que tienen registradas 60 personas asesinadas y 25 desaparecidas, que pertenecen a comunidades nahuas del municipio de Chilapa. Responsabilizó al grupo de Los Ardillos, que han asumido el control de los municipios de la Montaña baja, como Chilapa, José Joaquín de Herrera y Zitlala. La disputa territorial se da con irrupciones armadas y balaceras.

El anuncio se concretó el 30 de enero cuando 200 policías del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG apoyados por integrantes del CIPOG avanzaron hacia las comunidades de Tecoanapa y Juan R. Escudero. Leyeron un comunicado en la Plaza de la Paz en Ayutla de los Libres donde manifestaron las razones de su presencia: “combatir al crimen organizado” que desde hace seis años tiene bajo control varias comunidades. Señalaron que los presidentes municipales están con el “grupo Los Ardillos que están con Morena”.

A las 9 de la mañana la caravana salió rumbo al crucero de Los Saucitos y tomaron la terracería que comunica a Tierra Colorada. Cuando pasaron la comunidad de Xalpatláhuac fueron atacados a balazos desde varios flancos. A pesar de que el representante de la UPOEG dijo que habían recuperado dos comunidades, La Estrella y la Providencia, no pudieron pasar en Rancho Viejo porque fueron repelidos por Los Ardillos, que utilizaron drones para replegarlos.

La respuesta de las comunidades de Juan R. Escudero y Tecoanapa fue inmediata. El 2 de febrero, más de 400 personas, entre transportistas, comisarios y gente de las comunidades bloquearon la Autopista del Sol y la carretera federal, durante siete horas. En un puente peatonal colocaron tres mantas, una con la fotografía de los dirigentes de la UPOEG y funcionarios estatales con la leyenda: “El gobierno del estado dejó demostrado sus nexos con el grupo criminal Los Rusos disfrazados de comunitarios. Se solicita la intervención del gobierno federal para que se investigue a la narco UPOEG”. La otra decía “Basta de delincuencia, Evelyn Salgado Pineda, Francisco Rodríguez y Daniel Ledesma Osuna, el estado no es de Los Rusos, ni del narco, queremos seguridad, no pactos”.

Durante el día, el subsecretario de Desarrollo Político Francisco Rodríguez, encabezó el diálogo que tuvo momentos de mucha rispidez con el coordinador de comisarios, Daniel Rosas Martínez. Con fotografías en la mano acusó a las autoridades de ser cómplices de la UPOEG porque no hicieron detenciones cuando portaban armas de uso exclusivo del Ejército. Reclamó también que no hay órdenes de aprehensión contra sus dirigentes. Mantuvo firme su postura de pedir la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. La inviabilidad de su exigencia rompió el diálogo. Después de las 2 de la tarde firmaron una minuta con el compromiso de establecer una mesa de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Advirtieron que regresarían a bloquear si permitían la entrada de la UPOEG y del Cipog a su territorio. Ante el desgobierno que impera en Guerrero, el crimen suplanta a las autoridades que con drones y balas controla territorios y aterroriza a la población. Son las armas de la delincuencia, y no el estado de derecho, los sismos que nos aterran.

* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan