reinta años después de la firma de los Acuerdos de San Andrés, el Es-tado mexicano sigue en deuda con los pueblos originarios. Lo que el 16 de febrero de 1996 se presentó como un compromiso histórico para reconocer constitucionalmente sus derechos y su cultura, terminó convertido en un ejemplo paradigmático de incumplimiento, simulación y traición institucional.
Los Acuerdos de San Andrés no surgieron de la buena voluntad del poder. Fueron el resultado directo del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1º de enero de 1994, una irrupción política que obligó al Estado a escuchar lo que durante siglos había ignorado: la pobreza extrema, el despojo territorial, el racismo, el desprecio, el absoluto abandono de los pueblos originarios.
Los pueblos indígenas con el EZLN irrumpen en la escena nacional para evidenciar algo elemental: que la modernización económica impuesta desde arriba se construyó sobre su miseria, su territorio y su silencio forzado.
No es casual que el alzamiento zapatista coincidiera con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Mientras el discurso oficial hablaba de modernidad y progreso, en los hechos se legalizaba el despojo de tierras ejidales y comunales mediante la reforma al artículo 27 constitucional, que introdujo como una mercancía más del libre mercado los territorios indígenas. Para los pueblos el libre mercado significó, y sigue significando, la mercantilización de la vida y del territorio.
Los diálogos de San Andrés representaron algo inédito en la historia política del país: un ejercicio colectivo de construcción de una reforma constitucional desde abajo. Pueblos indígenas de todo México, organizaciones sociales, académicos y sociedad civil convocados por el EZLN, participamos en la elaboración de propuestas para el reconocimiento de los derechos y cultura indígena, y no sólo se cuestionaba la legislación existente, sino la forma misma de hacer las leyes. En ese sentido, los diálogos que se desarrollaron en San Andrés Sacamch’en de los Pobres, se pueden considerar como un auténtico poder constituyente, fáctico y político, surgido de la lucha armada zapatista y de miles de voces. Una forma distinta de pensar el derecho y la política, donde la soberanía no se agotaba en las instituciones, sino que se expresaba donde realmente descansa la soberanía, que es en el pueblo.
Sin embargo, cuando llegó el momento de cumplir, Ernesto Zedillo se retractó y traicionó su palabra y también el Poder Legislativo optó por la traición. La reforma constitucional aprobada en 2001 incorporó sólo una versión mínima y descafeinada de los acuerdos, vaciándolos de su contenido transformador. Aun así, el reconocimiento parcial de los derechos y la cultura indígena en el artículo 2º constitucional ha sido una herramienta clave para la defensa jurídica de comunidades frente a megaproyectos, proyectos extractivos, conflictos agrarios y disputas por el agua y los recursos naturales.
Derivado de esta reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió protocolos obligatorios para que los tribunales juzguen con perspectiva pluricultural, como lo establece la Constitución. Este avance, aunque insuficiente, demuestra que la lucha zapatista dejó huellas profundas en el orden jurídico nacional, aun contra la voluntad de los gobiernos.
Pero mientras el Estado incumplía, las comunidades zapatistas avanzaron por otro camino. La autonomía no se quedó en el papel: se construyó en la práctica, en sistemas propios de educación, salud, justicia, producción y gobierno. Para el zapatismo, la autonomía nunca dependió del reconocimiento gubernamental, sino de su lucha y organización colectiva. La autonomía no es sólo un concepto jurídico sino una forma de vida, un proyecto colectivo de organización desde abajo.
Las agresiones actuales contra las bases de apoyo del EZLN revelan que la disputa por el territorio sigue siendo central y que el modelo “de desarrollo” impuesto desde arriba continúa siendo incompatible con la vida comunitaria. La reforma del artículo 27 constitucional está pendiente como uno de los puntos de la agenda que se aprobó en el marco de la Ley para la Paz Justa y Digna en Chiapas del mes de marzo de 1995. Y en este contexto la política actual prioriza la propiedad privada en sus megaproyectos en perjuicio de los territorios indígenas.
A 30 años de San Andrés, el mensaje es claro: el problema no fue la falta de acuerdos, sino la falta de voluntad del gobierno para cumplirlos y la deuda del Estado mexicano con los pueblos originarios no ha sido saldada, a pesar del discurso oficial.
* Abogada
